El Gobierno de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha un ambicioso plan para abordar la creciente crisis de vivienda en la región. Con precios que no cesan de aumentar, se busca implementar una serie de medidas que faciliten el acceso a viviendas asequibles para jóvenes y familias, además de acelerar la construcción y simplificar la burocracia.
Uno de los pilares de este plan es la identificación y aprovechamiento de suelo disponible para nuevos desarrollos. Con una proyección de 30.000 nuevos hogares anuales, las autoridades advierten que, de no actuar, las reservas urbanizables se agotarán en poco más de una década. Para combatir esta tendencia, la propuesta incluye un incremento del 10% en las edificaciones en parcelas destinadas a vivienda protegida y una elevación de la densidad de estas áreas en un 20%. Se estima que, gracias a estas iniciativas, podrían añadirse 15.000 nuevas casas asequibles en los próximos cuatro años a las 140.000 ya en proyecto.
Además, se dará inicio al primer Consorcio Urbanístico Público-Privado en Leganés, que ofrecerá 4.300 viviendas, mientras que la Agencia de Vivienda Social construirá 500 pisos adicionales para familias en situación de vulnerabilidad, totalizando 2.100 viviendas en dos años.
El plan también se orienta hacia quienes enfrentan la dificultad de acceder a una vivienda. Con el objetivo de frenar el éxodo de jóvenes, se ampliará el «Plan Solución Joven» ofreciendo 1.000 viviendas más en varias localidades, sumando así un total de 5.500. Además, el «Plan Vive» duplicará las opciones de alquiler social, escalando a 14.000 pisos, y se ampliará de 40 a 50 años la edad límite para quienes quieran optar por «Mi Primera Vivienda», que ofrecerá avales bancarios del 100% para hipotecas.
Para estimular a los propietarios, se implementará el «Plan Alquila», que aumentará los incentivos para aquellos que decidan poner su inmueble en el mercado. También se promoverá el «Plan Comparte Intergeneracional», que ayudará a jóvenes y mayores a compartir vivienda, contribuyendo a reducir costos y combatir la soledad.
La burocracia, otro de los grandes obstáculos en el desarrollo de proyectos habitacionales, será abordada mediante la unificación de criterios y la agilización de los procesos. La nueva ley tiene previsto reducir los plazos de aprobación de los Planes Estratégicos Municipales, pasando de 8-12 años a tan solo 4-6, además de incluir regímenes especiales para localidades pequeñas y proyectos de regeneración urbana.
A medida que el debate sobre la vivienda se intensifica, Madrid se mueve rápidamente para implementar estas reformas. Sin embargo, queda la incertidumbre de si estas medidas llegarán a tiempo para ayudar a quienes llevan años en busca de una solución habitable.