El juez instructor Ismael Moreno ha decidido suspender nuevamente la declaración de Isabel Pardo de Vera en el marco del caso Koldo, sin fijar una nueva fecha para su comparecencia. Esta citación, que estaba programada para el 1 de julio, ha sido aplazada de acuerdo con la carga de trabajo del Juzgado Central de Instrucción Número 2, aunque se asegura que se establecerá un nuevo día una vez que el calendario de diligencias se ajuste.
Este aplazamiento marca la segunda ocasión en que se pospone el interrogatorio de la expresidenta de Adif. La primera experiencia, programada inicialmente para finales de mayo, también fue retrasada a petición de su defensa, que argumentó la necesidad de un análisis más exhaustivo del caso. El nuevo aplazamiento coincide con un cambio en su representación legal, ya que Pardo de Vera ha optado por sustituir a su abogada, Rosa María Seoane, por el letrado Gonzalo Rodríguez-Mourullo.
Pardo de Vera enfrenta cargos por su presunta participación en la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Se cree que pudo haber incurrido en malversación de fondos y tráfico de influencias, facilitando empleos bajo presión política. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado su imputación tras un aviso del Tribunal Supremo, que observó indicios de la participación de Pardo de Vera en contrataciones calificada de «caprichosa.»
Las investigaciones revelan que Rodríguez fue asignada a Adif sin cumplir con funciones reales, lo que sugiere la posibilidad de simulación laboral. El juez ha citado mensajes y testimonios alineados con estas sospechas, que apuntan a que la contratación pudo responder a intereses externos relacionados con la trama Koldo. A pesar de haber declarado anteriormente en el Supremo sobre el caso, el magistrado aún no ha decidido si la exmandataria será imputada por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Con esta nueva suspensión, la defensa de Pardo de Vera prolonga el proceso en un entramado que continúa arrojando dudas sobre la gestión de las empresas públicas durante el tiempo en que estuvo al frente del Ministerio de Transportes. Las sombras de corrupción que rodean al caso Koldo siguen acumulándose, mientras se espera una resolución que podría afectar significativamente a figuras clave en la política española.
