El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de una ley propuesta por el Partido Popular que busca prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España. Esta decisión, que contó con el apoyo de Vox y una abstención clave de Junts per Catalunya, se ha materializado en una votación que finalizó con 171 votos a favor, 166 en contra y siete abstenciones. Este momento marca un cambio significativo en el debate sobre la política energética del país, ya que el Gobierno está bajo presión para asegurar el suministro de energía sin obstaculizar la transición hacia fuentes más sostenibles.
ERC, que anteriormente se había abstenido en iniciativas similares, ha optado esta vez por oponerse abiertamente a la propuesta. Su diputada, Teresa Jordá, ha criticado la falta de planes de transición energética coherentes por parte de los gobiernos, advirtiendo sobre los riesgos asociados a la prolongación de la operación de las centrales nucleares. Jordá ha señalado que, aunque Cataluña depende de estas plantas para más del 50% de su electricidad, la ampliación de su vida operativa solo aumentaría los problemas existentes.
Desde Junts, Pilar Calvo justificó la decisión de abstenerse al considerar que no perjudicaría la competitividad de la industria en Cataluña. También cuestionó a la vicepresidenta Teresa Ribera, acusándola de no haber convocado a las empresas energéticas para abordar el retraso en la transición energética.
El PP celebró la aprobación, defendiendo que la energía nuclear es esencial para el suministro. Juan Diego Requena, un diputado del partido, lanzó críticas hacia el Gobierno actual, sugiriendo que las decisiones deben ser tomadas antes de que un nuevo gobierno asuma el cargo. En contraste, el PSOE y sus aliados resaltaron las implicaciones técnicas y económicas de la ley. Andreu Martín, del PSOE, planteó sarcásticamente preguntas sobre el manejo de residuos nucleares, mientras que el PNV estimó que la medida podría generar un costo adicional de 2.500 millones de euros anuales para los consumidores.
Por su parte, Sumar cuestionó la actuación de las eléctricas, mientras que Vox fue más allá, sugiriendo no solo la extensión de la vida de las centrales existentes, sino también la construcción de nuevas plantas y la reducción de impuestos para el sector.
Este debate pone de manifiesto las tensiones existentes entre la necesidad de descarbonizar la economía y la dependencia de una energía que genera divisiones en el arco parlamentario. Ahora, con la ley en tramitación, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad energética, los costos y los tiempos en un contexto de creciente urgencia.
