En la costa murciana, la bahía de Portmán se ha transformado en un triste símbolo de la falta de acción y compromiso con el medio ambiente. Este paraje, que alguna vez ofreció paisajes de ensueño, ahora se encuentra cargado con aproximadamente 60 millones de toneladas de residuos mineros, acumulados entre 1957 y 1990. Lo que se considera una de las mayores catástrofes ecológicas del Mediterráneo ha llevado a los residentes a un estado de frustración y desesperanza, sobre todo tras más de tres décadas de promesas incumplidas.
La reciente decisión del Gobierno de sellar los residuos en lugar de retirarlos ha causado un profundo descontento en la comunidad. María José, una vecina afectada, comparte su decepción: «Era el momento para que todo se resolviese». La reunión del 10 de abril de 2023, donde se discutieron los planes de regeneración, había traído una ligera esperanza, pero la confirmación del sellado «in situ» de los desechos, catalogados como «imposibles de trasladar», fue interpretada como una traición. Para muchos, esto no es más que la «sentencia de muerte» para la bahía.
El Gobierno argumenta que el sellado garantizará una mayor seguridad y protección ambiental, y que contará con un presupuesto mínimo de 50 millones de euros, junto con la intención de licitar las obras antes de 2026. Sin embargo, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha clasificado este día como «el peor de la historia reciente de Portmán», enfatizando cómo esta decisión compromete gravemente el futuro del municipio.
Los residentes, agrupados en la Liga de Portmán, se oponen rotundamente a esta medida. Aseguran que existen tecnologías viables para la extracción de residuos sin riesgos y argumentan que el sellado aniquila cualquier oportunidad turística para la zona. La ira de la comunidad se intensifica al recordar que en 2006 se alcanzó un acuerdo entre administraciones y ciudadanos que contemplaba un plan integral para la recuperación de la bahía, el cual nunca se llevó a cabo.
La historia de este lugar está marcada por un largo listado de promesas rotas. Desde un presupuesto de 119 millones de euros en 2007 que nunca se materializó, hasta otros intentos de proyectos que fueron congelados por razones legales o ignorados completamente. En 2023, se presentaron nuevas alternativas que desestimaron el acuerdo de 2006, lo que provocó un rechazo unánime entre los afectados.
En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de La Unión planea elevar su protesta al Parlamento Europeo, mientras que los vecindarios, atrapados entre la resignación y la rabia, se comprometen a seguir luchando. «Ningún gobierno cumple aquí», sentencia María José, quien reconoce que, bajo las aguas de Portmán, están depositadas no solo toneladas de residuos, sino también un legado de desilusión y abandono que pocos parecen estar dispuestos a remover.
