La lucha del Gobierno de Canarias contra el alquiler turístico irregular se ha intensificado, con un foco particular en plataformas como Airbnb. Este esfuerzo ha culminado en un nuevo acuerdo que tiene como objetivo detectar y eliminar alojamientos que no cumplen con la normativa vigente. Este convenio marca un hito importante en la relación entre la administración autonómica y la plataforma de alquileres vacacionales.
Como parte del compromiso, se ha establecido la retirada inmediata de alojamientos manifiestamente ilegales. Esta categoría incluye no solo casas y apartamentos, sino también opciones poco convencionales como tiendas de campaña, furgonetas camper, barcos y yurtas. Hasta la fecha, Airbnb ha eliminado más de 150 anuncios en las últimas tres semanas tras este acuerdo, un esfuerzo que, aunque significativo, aún representa solo una pequeña parte del total de ofertas disponibles. Un estudio reveló que desde 2009 a 2024 se han creado 128.000 nuevas plazas turísticas, de las cuales 103.000 corresponden al alquiler vacacional, fenómeno que ha incrementado la presión sobre el mercado inmobiliario local, provocando críticas de diversos colectivos ciudadanos.
La clave del nuevo acuerdo es la obligatoriedad de que cualquier alojamiento que desee publicitarse en la plataforma tenga un número de registro turístico, una medida que busca garantizar la legalidad de la oferta. La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, ha enfatizado que el objetivo es proteger tanto a los residentes como a las propiedades turísticas que cumplen con las normativas. Asimismo, se plantea aumentar el número de inspectores, actualmente limitado a solo 14 funcionarios, apoyados por la Policía Canaria, como parte de la estrategia para adaptarse a nuevas regulaciones europeas sobre alquileres de corta duración.
Este pacto con Airbnb no es un caso aislado; la plataforma ha establecido acuerdos similares con otras administraciones en España, como el Consell de Ibiza y la Región de Murcia. Jaime Rodríguez de Santiago, directivo de Airbnb Marketing Services, ha apuntado que la colaboración con Canarias es un paso fundamental hacia la implementación del nuevo marco europeo que regulará estos alquileres.
En este contexto, el debate sobre la regulación del alquiler turístico sigue abierto. Los ciudadanos canarios exigen respuestas concretas para mitigar el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, mientras que el Gobierno trabaja en buscar un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico que trae el turismo y la necesidad de garantizar un hogar accesible para todos. Este enfoque normativo podría sentar un precedente que permita a otras regiones de España afrontar desafíos similares en el futuro.
