Un devastador accidente ha sacudido la comunidad del suroccidente asturiano tras la explosión ocurrida en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña. Este trágico evento, que se produjo el lunes, ha llevado a la muerte de cinco trabajadores y ha dejado a otros cuatro heridos, lo que ha generado una profunda consternación en la población local.
Las autoridades han puesto en marcha una investigación a cargo del Juzgado de Cangas del Narcea, con el objetivo de esclarecer los detalles que rodean este siniestro. En particular, la Policía Judicial de la Guardia Civil indaga sobre las actividades de la empresa Blue Solving en la mina, revisando si estas se ajustaban a la licencia de investigación que se les otorgó en la temporada de verano de 2024. Esta licencia permitía realizar inspecciones para buscar minerales específicos, pero no abría la puerta a la extracción de carbón, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de las operaciones que estaban en marcha en el momento del accidente.
Uno de los principales enfoques de la investigación se centra en la posible acumulación de grisú, un gas que se forma en las minas de carbón y que constituye una amenaza constante, dado su potencial explosivo. Aunque el grisú no tiene olor, su detección es posible gracias a equipos específicos, y su riesgo puede reducirse mediante una ventilación adecuada en las instalaciones mineras.
La seriedad del incidente no puede subestimarse, ya que ha sido calificado como el accidente más grave en una mina asturiana en los últimos treinta años. Los cinco trabajadores que han perdido la vida, identificados como Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, eran todos residentes de la provincia de León, con edades que oscilan entre los 32 y 54 años. Los heridos, tres de los cuales son también leoneses junto a un asturiano, se encuentran en hospitales de la zona recuperándose de quemaduras y otros traumatismos.
Este lamentable suceso ha puesto de manifiesto los peligros inherentes a la actividad minera y ha subrayado la necesidad de cumplir rigurosamente con las normativas de seguridad designadas. La última inspección de la mina, realizada en septiembre, no había identificado irregularidades, según ha declarado la consejera de Industria del Principado. A medida que la investigación avanza, la comunidad local se afana por obtener respuestas y la implementación de medidas preventivas que garanticen la seguridad de los trabajadores en el futuro.
