Una reciente revisión ha puesto de relieve serias deficiencias en la gestión de los conflictos de intereses en Europol, la agencia policial de la Unión Europea. Este análisis revela que Europol no estableció las restricciones necesarias para antiguos empleados que se unieron a la organización no gubernamental Thorn, lo que ha suscitado inquietud. Thorn, que se dedica a la venta de software y mantiene vínculos estrechos con empresas del sector tecnológico, ha remunerado a varios de estos exfuncionarios con salarios de seis cifras y cuenta con activos valorados en casi un millón de dólares.
El informe señala que la agencia parece centrarse únicamente en los beneficios comerciales evidentes que pueda buscar el nuevo empleador, especialmente en el ámbito de las adquisiciones, sin considerar el impacto más amplio de la contratación de antiguos oficiales de Europol en la legislación y decisiones de la Comisión Europea. Se critica la falta de un periodo de inactividad para mitigar estos conflictos, lo cual es esencial para preservar la integridad de la agencia.
Además, se pone en entredicho si se está llevando a cabo alguna acción disciplinaria con respecto a un segundo miembro del personal que no solicitó la autorización requerida antes de aceptar un nuevo puesto. Sin sanciones claras, es difícil confiar en que los empleados sigan las normas establecidas.
El informe también plantea dudas sobre si las restricciones impuestas a los exfuncionarios son comunicadas a sus nuevos empleadores, asegurando así que estén plenamente informados. La ambigüedad de la prohibición de contacto con Europol «con fines comerciales» se considera inadecuada y demasiado restringida.
Para mejorar la transparencia y la gestión de estos conflictos, se sugiere que el personal debe informar su intención de asumir un nuevo puesto antes de formalizar la oferta, puesto que cualquier negociación podría ya constituir un conflicto de interés. Asimismo, se propone que Europol elabore un «Código de mejores prácticas» para aquellos que abandonan la agencia, y que publique un informe anual sobre las actividades relacionadas con la regulación interna europea, así como un resumen de las actividades de los ex-empleados.
Cada decisión final tomada por la autoridad competente debería ir acompañada de una explicación detallada que justifique la resolución adoptada. La creación de una guía general para evaluar las restricciones o prohibiciones post-empleo también se presenta como una medida necesaria.
Por último, el Grupo de Escrutinio Parlamentario Conjunto, formado para supervisar a Europol, debe ser informado de cualquier potencial conflicto de intereses, así como de las medidas que se están implementando para abordarlo. Sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido compartida.
