En una reciente decisión que impacta el conocido caso Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado un análisis crucial de los dispositivos electrónicos del empresario Juan Carlos Barrabés. Esta resolución representa un revés significativo para la investigación, que se centra en las sospechas de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la esposa del presidente del Gobierno. La decisión judicial implica la destrucción de copias obtenidas de un móvil, una tablet y dos portátiles de Barrabés, así como el acceso a tres cuentas de correo electrónico.
Este cambio en la investigación surge a raíz de un recurso de apelación interpuesto tanto por la Fiscalía como por Barrabés, quienes cuestionaron la autorización otorgada por el juez Juan Carlos Peinado para el análisis de los dispositivos durante un registro. La Audiencia ha argumentado que existieron violaciones de los derechos fundamentales de Barrabés, señalando la falta de justificación adecuada para la acción del juez.
La anulación del análisis no solo afecta al empresario, quien había sido inicialmente testigo y posteriormente imputado tras revelar sus interacciones con Gómez, sino que también complica el avance de las investigaciones. Se sospecha que Gómez, en abuso de su posición, facilitó la adjudicación de contratos públicos a Barrabés, estimados en un total de diez millones de euros. Este caso ilustra las delicadas interacciones entre el ámbito político y el sector empresarial, particularmente en lo que respecta a la adjudicación de contratos públicos.
El desarrollo de esta situación genera dudas sobre el futuro de la causa y su potencial impacto en la lucha contra la corrupción y la malversación de fondos públicos. La Audiencia destaca la importancia de seguir procedimientos legalmente ajustados para proteger tanto la integridad del sistema judicial como los derechos de los implicados en casos de gran relevancia social. En un contexto donde las acciones policiales son críticas, la justificación de su urgencia se ha puesto en tela de juicio, planteando serias preguntas sobre la legalidad del proceso en curso.
