El emblemático edificio modernista Casa Orsola, situado en el corazón del barrio de l’Eixample en Barcelona, se ha convertido en un símbolo de la resistencia ante la crisis de la vivienda en la ciudad. Este viernes estaba programado el desalojo de Josep Torrent, un maestro de 49 años que ha considerado a esta vivienda su hogar durante dos décadas. Sin embargo, la masiva movilización de vecinos y activistas logró aplazar temporalmente el desahucio, que ahora está previsto para el próximo lunes a las 5:00 de la madrugada.
La decisión de posponer el lanzamiento fue tomada por la comitiva judicial en respuesta a la concentración de personas que se reunió en las inmediaciones del edificio. Aunque la ejecución se ha retrasado, se dejó claro que esta medida no es una cancelación definitiva, sino una estrategia para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proceso.
La historia de Casa Orsola comienza en 2021, cuando un fondo de inversión inmobiliario adquirió el edificio con el objetivo de transformarlo en apartamentos de lujo destinados al alquiler turístico. En ese momento, 27 viviendas estaban habitadas por inquilinos que pagaban entre 700 y 900 euros mensuales. Desde la compra, los nuevos propietarios han optado por no renovar los contratos, lo que ha llevado a varios desalojos y a la resistencia de los últimos cinco vecinos que se niegan a abandonar sus hogares.
Josep Torrent es el primero en enfrentarse a una orden judicial tras la expiración de su contrato en 2022. Aunque ha seguido depositando su renta en los juzgados mientras busca una solución negociada, su situación se ha vuelto crítica. La agitación provocada por su caso ha resaltado un fenómeno más amplio en la ciudad, donde los fondos de inversión desplazan a los residentes en aras de maximizar sus beneficios, especialmente en áreas como el Eixample.
El apoyo social hacia los inquilinos que resisten en Casa Orsola ha sido notable. Decenas de personas se congregaron frente al edificio la noche del jueves, convirtiéndolo en un símbolo contra la especulación inmobiliaria y el impacto del turismo en el mercado de vivienda local. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas han denunciado esta tendencia, enfatizando la necesidad de proteger a los inquilinos frente a las prácticas desleales de algunos propietarios.
A nivel político, el Ayuntamiento de Barcelona ha estado presente en el proceso, aunque en 2021 rechazó la opción de adquirir el inmueble mediante el derecho de tanteo por motivos técnicos y económicos. Aunque han intentado ayudar a los vecinos en la búsqueda de alternativas, solo han podido acreditar un caso de vulnerabilidad y han propuesto una vivienda que fue rechazada. A pesar de esto, el consistorio mantiene su compromiso de asegurar el acceso a una vivienda digna y de luchar contra el fraude en los alquileres turísticos.
El caso de Casa Orsola no es un evento aislado. En el Eixample izquierdo, más de 40 edificios se encuentran en situaciones similares, y Cataluña encabeza la lista en España con una preocupante media de 22 desahucios diarios. Esto pone de relieve la magnitud de la crisis de la vivienda que afecta a la región.
Josep Torrent, quien anhelaba jubilarse en Casa Orsola, siente ahora la incertidumbre de un futuro incierto. A pesar de sus esfuerzos por negociar de manera colectiva con los propietarios, expresa su desilusión por la falta de respuesta tanto por parte de la propiedad como de las instituciones. Emocionado, ha agradecido sinceramente el apoyo de la ciudadanía y ha afirmado que continuará luchando por su derecho a permanecer en el hogar que ha conocido durante más de 20 años, transformándose así en un símbolo de resistencia ante la creciente especulación inmobiliaria en Barcelona.
