En un desarrollo reciente y significativo en el caso del productor musical Nacho Cano, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decidido convocar a declarar a dos agentes de policía como investigados el próximo 27 de febrero. Estos oficiales, que pertenecen a la Comisaría del distrito Centro, desempeñaron un papel crucial en la cadena de eventos que llevaron a la detención de Cano en el verano anterior. El magistrado Carlos Valle, al frente de la investigación, ha indicado que los agentes, identificados únicamente por sus números profesionales, son sospechosos de haber incurrido en un delito de coacciones.
Esta situación se origina en las denuncias presentadas por una de las becarias que formó parte de un grupo de 16 jóvenes que trabajaban bajo la supervisión de Cano. Documentos judiciales revelan que estos agentes fueron responsables de tomar la declaración de la becaria, uno de los cuales actuó también como secretario en el atestado que dio lugar al arresto del artista.
Sin embargo, la situación de Cano es aún más complicada, ya que también enfrenta una investigación en otro tribunal por presuntas violaciones relacionadas con los derechos de los trabajadores extranjeros. Las autoridades indagan sobre si Cano utilizó a estudiantes para su producción musical “Malinche” sin cumplir con las normativas de la Ley de Extranjería. El productor sostiene que su finalidad era capacitar a estos jóvenes mexicanos para integrarlos posteriormente en el espectáculo, que tiene programado su estreno en marzo de 2025 en México.
El panorama jurídico en torno a Nacho Cano se vuelve cada vez más intrincado, con varios frentes de conflicto que incluyen denuncias, declaraciones de agentes y recursos legales que se tramitan en los tribunales de Madrid. La detención del músico, ocurrida el 9 de julio, no hizo más que intensificar un conflicto que, aunque ya llevaba tiempo en gestación, ha alcanzado un punto álgido tras este incidente.
El origen de este embrollo legal se relaciona con Lesly Ochoa, una bailarina despedida del elenco de “Malinche” que ha cobrado protagonismo por sus acusaciones. Cano y varios de sus colaboradores están siendo señalados por presuntamente facilitar la entrada irregular de bailarines mexicanos en España, algo que está penado severamente por el Código Penal español.
La defensa del productor argumenta que las dificultades para obtener visados de estudiante antes del viaje llevaron a estos jóvenes a ingresar a España como turistas, con la intención de tramitar posteriormente los permisos correspondientes. De los 20 becados que llegaron con esta finalidad, solo 17 permanecieron en el proyecto, destacando el caso de Ochoa quien, tras ser despedida, decidió denunciar la situación.
Esta situación pone en relieve los obstáculos que enfrentan artistas y productores en su intento de cumplir con la normativa migratoria, así como las cuestiones relacionadas con el empleo y los derechos laborales en el ámbito del entretenimiento. Con el avance de las investigaciones, las consecuencias legales para Nacho Cano y su equipo parecen crecer, indicando que este caso judicial aún tiene mucha tela por cortar.
