Las conversaciones entre Junts per Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez han retomado un camino a seguir tras el cierre de un acuerdo parcial que desbloquea un conjunto de medidas sociales. Este pacto, que se formalizó justo antes de la intervención del presidente, incluye incrementos en las pensiones, bonificaciones en el transporte y acciones para combatir la ocupación ilegal de propiedades. Carles Puigdemont, el líder de Junts, había congelado previamente el diálogo debido a desacuerdos sobre el contenido inicial del acuerdo.
El pacto actual, según lo comunicado por Junts, no aborda de inmediato ciertas cuestiones como reformas tributarias y ayudas para empresas electrointensivas, las cuales quedarán para futuras discusiones. La formación independentista destaca que su principal enfoque ha sido la protección de las familias en situación vulnerable y el aseguramiento de derechos frente a impagos. Temas como el impacto de un posible impuesto a la banca se han dejado fuera de la negociación.
Uno de los puntos relevantes que Junts consiguió incluir en el acuerdo es una Proposición No de Ley que exige a Sánchez realizar un debate de confianza en el Congreso. Miriam Nogueras, portavoz del partido, argumentó que en un gobierno sin mayoría es esencial negociar cuidadosamente cada paso, demandando claridad en el cumplimiento de lo pactado. Por otra parte, el presidente Sánchez minimizó la urgencia de dicha propuesta, reconociendo que aunque es un recurso constitucional, no hay motivos apremiantes para ponerlo en marcha en este momento.
La firma de este decreto social representa un cambio en la estrategia de Puigdemont, quien había calificado de insuficientes las garantías en negociaciones previas. Con este nuevo acuerdo, Junts se reincorpora a las discusiones sobre vivienda, empleo y fiscalidad, aunque mantiene en pausa asuntos más delicados, como el concierto económico de Cataluña, y rechaza cualquier avance respecto a las competencias digitales o postales, considerándolas una intromisión en las autonomías.
Este nuevo pacto refuerza la dependencia entre el PSOE y Junts, un partido que, con sus siete escaños, se ha convertido en una pieza clave en el actual tablero político español. Este representa el tercer pacto alcanzado en seis meses, donde el apoyo de Junts está condicionado a concesiones en materia catalana. Desde 2023, Sánchez ha sellado diez acuerdos específicos con partidos nacionalistas, consolidando su papel como negociador en un escenario parlamentario complicado.
Con las elecciones catalanas a la vista y la cuestión de confianza en el aire, la relación entre Sánchez y Puigdemont seguirá siendo determinante para la estabilidad legislativa. Mientras el líder catalán busca maximizar su poder de veto, el presidente aspira a avanzar en su agenda social sin desestabilizar el delicado equilibrio que se refleja en el Congreso.
