La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar de manera definitiva el caso que se seguía contra Javier López Madrid, el excomisario José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, quienes estaban acusados de acoso a la doctora María Elisa Pinto. Esta decisión se fundamenta en la falta de legitimidad de la abogada de la doctora para presentar la acusación por cohecho, lo que ha impedido la apertura del juicio oral que se había solicitado.
La argumentación de la defensa a favor de López Madrid ha prosperado, logrando que la corte desestimara la causa ante la ausencia de legitimación en la acusación particular. Este resultado se da en un contexto donde el juicio, previamente programado, ya había sido suspendido en noviembre del año pasado a causa de problemas de salud de la letrada de Pinto.
La resolución también se sustenta en la ausencia de una acusación popular sólida que pudiera sostener el caso. En este sentido, se enfatiza que para delitos relacionados con la administración pública, solo se admite la vía de la acusación popular, lo que complicó la situación, especialmente tras el desistimiento del partido Podemos de continuar con este enfoque en diciembre de 2022.
El tribunal se ha apoyado en jurisprudencia del Tribunal Supremo, resaltando que la decisión no perjudica a los acusados, ya que la fiscalía ya había indicado en junio de 2022 que no existían indicios consistentes para proseguir con el caso, además de que los hechos estaban siendo examinados en una investigación judicial paralela. Al unificar las denuncias y permitir que Pinto presente sus argumentos en otro ámbito, la corte considera que no se ha vulnerado ningún derecho.
De este modo, la Audiencia Nacional ha ratificado que no existe una base condenatoria suficiente en este caso, señalando la gran dificultad que acarrea la demostración de delitos como el cohecho, particularmente en lo que respecta a probar la existencia de pagos o dádivas. Este archivo no solo alivia la carga judicial sobre los acusados, sino que pone de relieve los retos que enfrenta el sistema legal español en la persecución de este tipo de delitos.
