El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha encendido nuevamente el debate sobre el gasto militar en el seno de la OTAN. En uno de sus últimos pronunciamientos, el presidente de Estados Unidos ha instado a los países aliados a elevar sus inversiones en defensa hasta un 5% de su PIB, un desafío que España, con una proyección del 1,28% para el año 2024, considera difícil de alcanzar en el corto plazo.
Ante esta situación, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha defendido desde Suiza el compromiso de España con la defensa y seguridad de sus aliados en la OTAN. Sostuvo que en la última década el país ha incrementado su inversión en defensa en un 70%, reafirmando su objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029. A pesar de estas cifras, España sigue siendo uno de los países que menos invierte en defensa dentro de la Alianza, junto a Italia, Portugal y Bélgica.
En el otro lado del Atlántico, la Unión Europea parece adoptar un enfoque más conciliador ante las demandas estadounidenses. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha enfatizado la necesidad de mantener una relación pragmática con Estados Unidos, defendiendo los valores europeos y la importancia de la cooperación. En este sentido, Bruselas busca un modelo de colaboración que contrarreste el proteccionismo y las presiones económicas que han caracterizado la postura de Trump, incluyendo las amenazas de aranceles.
El dilema para España radica en cómo gestionar el aumento del gasto en defensa sin sacrificar otras prioridades internas. Aunque Sánchez ha enfatizado la posición de España como el décimo mayor aliado de la OTAN en términos absolutos, las cifras porcentuales indican que el país debe hacer un esfuerzo significativo para cumplir con el objetivo del 2%. Este ajuste presupuestario será fundamental no solo para fortalecer su defensa, sino también para consolidar el papel de España en un contexto geopolítico repleto de tensiones.
