El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso conjunto de 12 medidas destinadas a enfrentar la crisis de acceso a la vivienda en España. Durante su intervención en el foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’, el mandatario resaltó que garantizar el acceso a una vivienda digna es uno de los desafíos más urgentes de nuestras sociedades contemporáneas. Sin embargo, sus propuestas han dado pie al escepticismo, con críticos que señalan su posible impacto limitado en un problema que presenta características estructurales.
Uno de los aspectos destacados por Sánchez es que el índice de vivienda pública en España, que se sitúa en un 2,5%, es considerablemente inferior al de países como Francia y los Países Bajos, donde las cifras alcanzan el 14% y el 34%, respectivamente. Para mitigar esta situación, el Gobierno ha decidido transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda. Esta entidad asumirá la gestión de 30.000 viviendas de la Sareb, con 13.000 de ellas disponibles de forma inmediata. El objetivo es que estos inmuebles se destinen al alquiler asequible, particularmente para jóvenes y grupos vulnerables.
Además, se busca reforzar la capacidad de la Empresa Pública de Vivienda para adquirir terrenos y propiedades, garantizando que las viviendas construidas con fondos públicos permanezcan bajo control público indefinidamente. En paralelo, se incentivará la creación de viviendas asequibles mediante una colaboración entre el sector público y privado, respaldada por 6.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la construcción de 25.000 nuevas viviendas.
Otro componente esencial del paquete incluye la creación de un PERTE de Viviendas, orientado hacia la innovación y la construcción industrializada, con el propósito de reducir costos y acortar los tiempos de edificación.
En cuanto a la regulación, una de las reformas más llamativas es que los pisos turísticos comenzarán a tributar como negocios, eliminando así la ventaja fiscal que poseen frente a hoteles y otros sectores. Asimismo, se planean modificaciones en el régimen fiscal de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), limitando sus beneficios fiscales a aquellas viviendas destinadas al alquiler asequible. Se implementarán restricciones en la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, quienes deberán abonar el total del valor del inmueble como impuesto, una medida replicada en otros países como Canadá y Dinamarca.
El Gobierno también se propone rehabilitar viviendas vacías, ofreciendo ayudas específicas para reformas, siempre y cuando los inmuebles se alquilen a precios asequibles durante un plazo mínimo de cinco años. Se presentará un sistema de garantías públicas para hacer frente a las preocupaciones tanto de arrendadores como de inquilinos, centrándose inicialmente en los arrendamientos dirigidos a jóvenes menores de 35 años. Los propietarios que alquilen en función del Índice de Referencia de Precios podrán beneficiarse de una exención total del IRPF, independientemente de la localización de las viviendas.
De cara al futuro, Sánchez anunció la creación de un Plan Estatal de Vivienda para 2026, que prestará especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Este plan incluirá ayudas para el alquiler, la compra y la rehabilitación, siguiendo la senda de los 20.000 millones de euros que se destinaron a estas áreas en la última legislatura.
No obstante, a pesar de que las medidas están diseñadas para abordar desafíos urgentes, la opinión de expertos y sectores del mercado es que muchas de las propuestas son insuficientes o presentan dificultades para su implementación en un entorno inmobiliario tensionado. Hay quienes advierten que depender excesivamente de la colaboración entre el sector público y privado, junto con la capacidad limitada de la nueva Empresa Pública de Vivienda, podría poner en duda el impacto real y a corto plazo de estas iniciativas.
Las restricciones fiscales y normativas, como las que se aplicarán a las socimis y los pisos turísticos, podrían, en este sentido, desincentivar la inversión en el sector inmobiliario, dificultando aún más la ya escasa oferta de viviendas en alquiler.
En conclusión, las medidas anunciadas por el presidente representan un esfuerzo relevante ante la creciente presión social que rodea el acceso a la vivienda. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de una correcta implementación y de la habilidad del Gobierno para abordar los problemas estructurales del mercado inmobiliario español. Mientras tanto, la difícil situación de millones de ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda digna recuerda que el camino hacia una solución definitiva aún es largo.
