En un desenlace legislativo que ha captado la atención, las Cortes de Aragón han aprobado la Ley de la Energía con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el respaldo del Partido Popular (PP). Este movimiento se dio casi al mismo tiempo que el PP se unía a Junts y al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso para rechazar una propuesta de tasa a las compañías energéticas. La nueva normativa es presentada como un pilar fundamental para avanzar hacia un sistema energético autónomo en Aragón. Sin embargo, ha generado controversia al ser vista como una herramienta que beneficiarías a las grandes empresas del sector energético.
La ley es una reintroducción de un Decreto Ley que había sido emitido en 2023 por el gobierno anterior, liderado por Javier Lambán, el cual fue anulado posteriormente por el Tribunal Constitucional. Con la llegada de Jorge Azcón y un acuerdo con el PSOE, la legislación fue incorporada al Parlamento como una Ley y con un procedimiento de lectura única que aceleró su aprobación en apenas tres horas. No obstante, el futuro de esta ley podría ser incierto, ya que el grupo «Teruel Existe» ha anunciado su intención de impugnarla ante el Constitucional, además de que numerosos expertos subrayan que la normativa podría invadir competencias exclusivas del Gobierno Central.
Mientras tanto, en Madrid la energía también se ha convertido en un tema central de debate político, aunque las circunstancias han sido diferentes. En Aragón, la ley ha reavivado el diálogo sobre la gestión y control de la energía, un asunto que ha generado tensiones entre los distintos partidos de la región. Los defensores de la Ley de la Energía aseguran que su objetivo es otorgar seguridad jurídica, atraer inversiones en grandes proyectos, reducir los costes de la electricidad para los ciudadanos, y promover el autoconsumo y las comunidades energéticas. Además, incluye la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética para proteger áreas impactadas.
Sin embargo, la oposición se ha manifestado en desacuerdo. Partidos como Chunta Aragonesista (CHA) critican el proceso por su falta de diálogo y participación, mientras que Vox denuncia que la redacción de la ley está influenciada por «lobbies energéticos». Grupos como Izquierda Unida (IU) y Podemos, que anteriormente apoyaron leyes similares, ahora se oponen, al considerar que la nueva normativa favorece desmesuradamente a las grandes energéticas, en detrimento del interés ciudadano.
La situación energética en Aragón es compleja, y el desafío radica en equilibrar el impulso de energías renovables con la conservación del medio ambiente y el respeto hacia las comunidades locales. A medida que la Ley de la Energía se enfrenta a posibles obstáculos legales, el debate sobre el futuro energético de Aragón se intensifica, poniendo en evidencia las tensiones entre la innovación, la sostenibilidad y la justicia social. La comunidad autónoma se encuentra en una encrucijada, con la tarea de definir su trayectoria hacia un modelo energético que aspire a ser tanto autónomo como sostenible.
