Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, un acto convocado por el Partido Popular con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid. Durante esta intervención, Gómez decidió acogerse a su derecho de no declarar, limitándose a exponer su experiencia profesional, que incluye más de 25 años en el ámbito de la consultoría educativa y una colaboración de 12 años con la UCM.
En su presentación inicial, Gómez destacó su rol como codirectora de un máster sobre proyectos sociales y sostenibilidad en la universidad, así como la creación de una cátedra en 2020, un proceso que describió como habitual en instituciones públicas. Sin embargo, su intervención fue interrumpida por la portavoz de la comisión. A pesar de la interrupción, Gómez reafirmó su decisión de no responder preguntas, afirmando que la intencionalidad política estaba presente en la convocatoria.
La comparecencia de Gómez generó un notable revuelo mediático, con un despliegue de periodistas y cámaras en los pasillos de la Asamblea, donde la llegada de la esposa del presidente, acompañada por el líder del PSOE-M, Juan Lobato, fue recibida con gran expectación. Asimismo, grupos de manifestantes de ideología ultraconservadora, como Hazte Oír, se agruparon en las inmediaciones del recinto, exhibiendo lemas críticos con el Gobierno y apoyando la querella judicial que pesa sobre Gómez.
Por otro lado, García se enfrenta a una investigación en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, donde se indagan supuestos casos de tráfico de influencias y corrupción. Ante su asistencia programada a la Cumbre del G20 en Brasil, ha solicitado aplazar su declaración, programada para el 18 de noviembre, aduciendo motivos de fuerza mayor. Esta investigación, conocida como el «Caso Begoña», se suma a las controversias que rodean su relación con la universidad, añadiendo una dimensión judicial a las acusaciones en su contra.