La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una detallada inspección fiscal sobre Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta investigación, que comenzó en noviembre de 2022, se centra en las operaciones de su empresa, Masterman SL, a la cual se considera una sociedad pantalla utilizada con el fin de eludir obligaciones fiscales.
Durante el ejercicio fiscal de 2021, Masterman SL reportó ingresos que ascendían a cientos de miles de euros, pero sorprendentemente solicitó una devolución de impuestos de 2.910,56 euros, lo que despertó las sospechas de las autoridades tributarias. Al ser interpelado por Hacienda, González presentó justificaciones que no convencieron a los inspectores, y al solicitar la documentación correspondiente a acuerdos internacionales en países como México y Ecuador, Arguyó «razones de confidencialidad» vinculadas a personajes de alto perfil, como presidentes y ministros, aunque no ofreció mayores especificaciones.
La investigación reveló que González habría camuflado ingresos provenientes de su otra empresa, Maxwell Cremona, a través de Masterman SL, con el propósito de beneficiar a Quirón Prevención y disminuir su carga fiscal. Esta maniobra ha llevado a la apertura de una nueva pieza judicial en la que se investigan posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
Los hallazgos del caso incluyen la identificación de un esquema que el juez ha descrito como “artificioso”, “ilícito” y “defraudatorio”. González intentó deducir gastos personales, como la compra de productos de uso cotidiano y artículos de lujo, como un reloj Rolex, como si fueran gastos empresariales. Este comportamiento se ha catalogado como «inequívocamente defraudatorio», y coincide con el periodo en el que su relación con Ayuso se hizo pública en 2021.
La trama en torno a González ha culminado en la apertura de un procedimiento penal por delitos fiscales, así como una imputación anterior por falsedad documental. Las transacciones realizadas a través de su empresa pantalla tuvieron lugar en momentos clave de su relación con la presidenta, aumentando el interés mediático y social sobre el caso. La investigación continúa su curso, con las autoridades judiciales evaluando si este entramado empresarial implica delito de corrupción en los negocios, junto a los cargos por fraude fiscal y falsedad documental que ahora enfrenta González.
