En un contexto de creciente polarización política, el gobierno ha decidido modificar de manera significativa el proceso de selección de los consejeros de Radio Televisión Española (RTVE). Esta decisión, articulada a través de un real decreto, ha desatado fuertes críticas y acusaciones de autoritarismo por parte del Partido Popular (PP). El objetivo declarado de la administración es facilitar la elección de miembros que sean más afines a su agenda política, algo que el PP ha calificado como una violación de los principios democráticos y una «cacicada» que socava la integridad del sistema.
La aprobación del real decreto ha dejado al PP en una posición complicada. Si bien tiene la mayoría en el Senado y el derecho de proponer cuatro consejeros, la nueva ley reduce su capacidad de influencia sobre el Consejo de RTVE. Ante esta situación, el partido conservador está considerando no presentar candidatos, utilizando esta estrategia como una forma de protesta contra lo que perciben como un intento del gobierno de monopolizar el control sobre esta institución fundamental.
De acuerdo con ciertos miembros del PP, la reforma traspasa lo que ellos consideran líneas rojas fundamentales, sugiriendo que el ejecutivo está llevando a cabo una maniobra premeditada para establecer un control absoluto sobre RTVE sin intercambiar opiniones con la oposición. Este enfoque se inscribe en una tendencia más amplia del gobierno, que busca dominar instituciones críticas, como ya se ha demostrado en otras decisiones recientes.
El gobierno, por su parte, defiende el real decreto argumentando que es esencial para resolver la situación de interinidad de RTVE y asegurar su operatividad. Aseguran que las modificaciones son necesarias para superar el estancamiento en la elección de los consejeros, provocado por la postura del PP. Aunque es probable que el partido se abstenga de presentar a sus cuatro consejeros en el Senado, se anticipa que el Consejo de Administración de RTVE podrá conformarse y empezar a trabajar con los once miembros que el Congreso debe elegir.
Las respuestas ante la reforma han sido inmediatas, con el PP explorando diversas vías legales y parlamentarias para combatir lo que consideran un asalto a la pluralidad y autonomía de RTVE. Mientras tanto, el gobierno se encuentra en negociaciones con sus socios de investidura para asegurar la validación del real decreto y organizar la pronta elección de los nuevos consejeros y del presidente de RTVE, intentando así evitar una escalada en la confrontación política en una esfera tan crítica como es la del ente público de radiotelevisión.
