La Junta de Castilla-La Mancha reafirma que el aeropuerto de Ciudad Real no acogerá migrantes
El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha confirmado este lunes su firme postura de que el aeropuerto de Ciudad Real no albergará un centro de recepción para personas migrantes. Durante un acto de inauguración de nuevos carriles bici en Puertollano, Caballero subrayó que esta decisión cuenta con un amplio rechazo institucional y expresó su confianza en que el Gobierno de España actuará con «sensibilidad» para encontrar una alternativa viable.
Caballero enfatizó que el Gobierno regional no considera adecuado el aeropuerto de Ciudad Real como un lugar para la acogida de migrantes, destacando un consenso entre las diferentes administraciones al respecto. «Esperemos que no haya pescadores en río revuelto que quieran utilizar el asunto de la inmigración con fines partidistas», agregó, haciendo un llamado a que esta cuestión se mantenga en el ámbito institucional y se evite su politización.
El vicepresidente expresó su optimismo de que el aeropuerto no será utilizado para este propósito, asegurando que las administraciones están unidas en este planteamiento. Además, instó a la ciudadanía a adoptar un enfoque más pedagógico sobre la inmigración, que, según él, debe ser vista como un aspecto positivo para el país. Para ello, propuso inspirarse en modelos de acogida exitosos, como el de Ucrania, que permitió la llegada de 200.000 refugiados en un mes sin necesidad de grandes infraestructuras.
Inevitablemente, el tema de la inmigración ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político. Nacho Hernando, consejero de Fomento, apoyó las declaraciones de Caballero y reiteró la importancia de defender los derechos humanos en el contexto migratorio.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado una diligencia previa para un posible expediente sancionador contra la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real, que ha sido acusada de tener planes para adecuar estas instalaciones para la recepción de migrantes. Caballero dejó claro que la empresa tiene cinco días hábiles para presentar la documentación pertinente y aseguró que, si las explicaciones no resultan satisfactorias, se llevará a cabo una inspección en el lugar. «Lo importante es salvaguardar los derechos humanos y evitar que la inmigración se convierta en una nueva trinchera en la política española», concluyó.
Este contexto se enmarca en un escenario donde la inmigración es a menudo objeto de controversia y debate político, lo cual hace aún más relevante el llamado al consenso y la reflexión sobre el tratamiento de estas cuestiones sensibles.
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