Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el ojo del huracán judicial debido a un presunto fraude fiscal. Desde mayo de 2022, ha mantenido hasta 17 reuniones con inspectores de la Agencia Tributaria para aclarar las acusaciones en su contra. Se le atribuye haber facturado 2,3 millones de euros mediante su empresa Maxwell Cremona en 2020, una cifra notablemente superior a los ingresos reportados en años previos. A pesar de haberse presentado a varias instancias de explicación, la defensa de González Amador no respondió adecuadamente a los requerimientos de la agencia.
La complicación del caso se acentuó tras la revelación de que había presentado facturas supuestamente irregulares. En un giro en su defensa, González Amador reconoció su «error» en 2023, buscando así una solución que le permita evitar un juicio, lo que llevó a aceptar un acuerdo que incluye el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel por fraude fiscal.
Ante el revuelo mediático y político que ha desatado su situación, Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su apoyo a González Amador. Sin embargo, los antecedentes indican que la investigación de Hacienda comenzó antes de que se hiciera pública su relación, lo que sugiere que no hay una persecución política en juego.
Además de navegar por este escándalo fiscal, González Amador ha decidido ampliar su batalla legal, demandando al presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno por injurias y calumnias. Reclama una indemnización de 100.000 euros a Sánchez y 50.000 euros al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por sus declaraciones en las que se refería a él como «delincuente confeso.»
Este enfrentamiento legal no solo involucra al presidente del Gobierno y su gabinete, sino también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que simboliza el aumento de la confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Las tensiones políticas se entrelazan con los escándalos personales, convirtiendo este caso en un tema candente en el debate mediático.
La resolución del caso de González Amador no solo tendrá repercusiones en su vida personal y profesional, sino que también podría impactar significativamente en la figura de Díaz Ayuso, quien ya se encuentra bajo el escrutinio público desde que comenzó la investigación. La atención de la opinión pública se mantendrá enfocada en el desenlace de este conflicto, que continúa alimentando la polarización entre las figuras clave del panorama político español.
