El Gobierno de Castilla-La Mancha programará una inspección del aeropuerto de Ciudad Real
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de realizar una inspección en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, cuyo propietario es Rafael Gómez Arribas. Esta acción se inscribe en un contexto de creciente controversia sobre la posible utilización del aeropuerto como centro de acogida para inmigrantes. La noticia ha generado preocupación entre la población, especialmente por la falta de claridad en el uso que se le pretende dar a estas instalaciones.
En una carta firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, se abre un proceso de audiencia, en el cual se invita a la empresa propietaria a presentar su postura y detallar las acciones que ha llevado a cabo con respecto al uso de las instalaciones. El Gobierno regional, encabezado por Emiliano García-Page, ha expresado que se reserva el derecho a tomar medidas adicionales para restablecer la ordenación territorial y urbanística, así como aquellas acciones que puedan surgir a raíz de la investigación.
La inquietud por el futuro del aeropuerto se intensificó después de que la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real alertara sobre obras en las instalaciones que no contaban con las autorizaciones pertinentes. Estas actividades no parecen estar alineadas con el uso previsto para el aeropuerto, el cual fue desarrollado en el marco de un Proyecto de Singular Interés (PSI) con normativas estrictas.
El Gobierno ha indicado que podría iniciar un expediente sancionador contra la empresa, sugiriendo que, aunque la responsabilidad principal recae en el Ayuntamiento, la región tiene el deber de investigar la situación debido a las posibles infracciones que podrían impactar a múltiples municipios.
La carta destaca la urgencia de clarificar la situación ante lo que se percibe como una posible violación del ordenamiento jurídico en un contexto de preocupaciones sociales en torno a este asunto. Se enfatiza que un centro de acogida para inmigrantes no está contemplado en los usos definidos para el aeropuerto, considerándolo incompatible con el plan director de la instalación.
Además, se mencionan las posibles sanciones que la empresa podría enfrentar por infracciones urbanísticas, que podrían incluir la inhabilitación para realizar actividades urbanísticas significativas, la expropiación de terrenos o incluso la demolición de cualquier construcción relacionada con el supuesto centro de inmigrantes.
Finalmente, se hace alusión a un posible acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España, aunque se aclara que dicho acuerdo no exime a la empresa de proporcionar información relevante durante las investigaciones que lleva a cabo la autoridad competente. La carta subraya la importancia de cumplir con las normativas establecidas.
Esta situación sigue generando un amplio debate y atención mediática, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la inspección programada.
La noticia fue originalmente publicada en Diario de Castilla-la Mancha.
