La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia condenatoria contra Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, imponiéndole una pena superior a los diez años de cárcel. En el entramado del caso Erial, Zaplana ha sido encontrado responsable de varios delitos, incluidos prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, lo que marca un abrupto final a su larga y destacada carrera política.
Zaplana, cuya trayectoria pública comenzó en los años 90 inicialmente como concejal y más tarde como alcalde de Benidorm, fue un destacado miembro del Partido Popular. Su carrera continuó su ascenso hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat Valenciana en 1995, cargo que ostentó durante siete años, durante los cuales impulsó diversos proyectos de modernización en la región. Convertido en una figura central en la política valenciana, su influencia se extendió al ámbito nacional cuando en 2002, fue nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Su papel como portavoz del Gobierno lo tuvo al frente de las comunicaciones oficiales durante incidentes críticos como los atentados del 11 de marzo de 2004. Aunque Zaplana pasó a la oposición tras las elecciones de 2004, continuó ejerciendo influencia como portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados hasta su retiro de la política activa en 2008, momento en el que incursionó en el sector empresarial.
La conclusión del juicio arroja luz sobre las prácticas corruptas en las que Zaplana estuvo involucrado, destacando el desvío de millones de euros en comisiones ilegales a través de estructuras offshore, asociadas a la adjudicación de contratos públicos como las estaciones de ITV y proyectos vinculados al Plan Eólico Valenciano. Los fondos obtenidos de manera ilícita fueron posteriormente lavados mediante operaciones inmobiliarias y financieras.
Con este fallo, se cierra un episodio notorio de corrupción política en España, evidenciando las consecuencias de sacrificar la integridad personal y profesional por el beneficio propio. La sentencia contra Zaplana no solo concluye un extenso proceso legal sino que también pone punto final a la carrera de uno de los políticos más influyentes de su generación, recordando la fragilidad de la confianza pública y las responsabilidades inherentes al servicio político.
