El avance de una reforma legal que permitiría la contabilización de los años de condena cumplidos en Francia por reclusos de ETA en sus penas en España ha generado un intenso debate en el país. Este cambio, que favorecería a prisioneros vinculados a la organización terrorista, se encuentra más cerca de ser una realidad tras salir a la luz conversaciones entre estos y representantes que abogan por sus derechos.
Una de estas conversaciones, reveladas recientemente, involucra a Joseba Azkarraga, exconsejero vasco y promotor de la plataforma Sare, quien ha sido un defensor activo de los derechos de los presos de ETA. Durante una serie de visitas a cárceles españolas en 2021, antes de que numerosos presos fueran transferidos a prisiones más cercanas al País Vasco y Navarra, Azkarraga se reunió con Jon Bienzobas Arreche, condenado por el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional en 1996. Estos encuentros evidencian una estrategia coordinada para avanzar en las negociaciones con el Gobierno español.
La propuesta legal, que ya ha sido objeto de discusión dentro del ámbito político, ha encontrado obstáculos significativos en su camino hacia la aprobación. Un movimiento estratégico del Senado, que aprovechó un vacío legal para retornar el proyecto de ley al Congreso, ha complicado su pronta ejecución. Esta maniobra refleja la controversia política que rodea la normativa, poniendo en cuestionamiento su viabilidad y sus implicaciones éticas.
El tema ha resonado fuertemente en la sociedad civil, especialmente entre grupos de apoyo a las víctimas del terrorismo, quienes ven en la propuesta un desprestigio a la memoria de las víctimas y un riesgo para la justicia. La discusión sobre el impacto de tales medidas legislativas abarca no solo la reparación a las víctimas, sino también las implicaciones a largo plazo para la justicia y la reconciliación en un país que se esfuerza por superar las secuelas de décadas de terrorismo.
La reforma y el diálogo entre el Gobierno y representantes de los prisioneros plantean interrogantes sobre el camino a seguir por España, entre el deseo de cerrar capítulos dolorosos de su historia y la necesidad de hacer justicia por los actos cometidos por ETA. La situación actual evidencia la dificultad de encontrar un equilibrio entre estos objetivos en el proceso hacia la paz social y la reconciliación nacional.
