Desde el inicio de octubre, la escena política y económica en España ha sido testigo de un significativo cambio fiscal. El gobierno, bajo la coalición del PSOE y Sumar, revirtió una previa medida que bajaba el IVA de varios productos básicos, introduciendo en su lugar un incremento en este impuesto. La mayor cadena de supermercados del país, Mercadona, tomó la iniciativa de anunciar este cambio a través de carteles visibles en sus locales, provocando una onda de críticas especialmente desde sectores de la izquierda.
Dicha controversia surgió cuando Mercadona comenzó a informar a sus clientes sobre el aumento del IVA en alimentos esenciales, como la pasta, leche, huevos y frutas, indicando que el impuesto se movía de tasas del 0% o 5% a nuevas cifras que varían entre el 2% y el 7,5%. Se prevé que este ajuste sea solo el inicio, con futuros incrementos hasta alcanzar el 4% en el tipo superreducido y el 10% en el reducido.
La disputa no tardó en catalizarse, focalizándose en dos acusaciones principales contra Mercadona. Por un lado, se le critica por no haber informado al público de la bajada del IVA con el mismo énfasis, sugiriendo una posible agenda política detrás de su reciente campaña de comunicación. Por otro, se le reprocha por supuestamente no ajustar los precios a la baja cuando el IVA fue reducido, para luego rápidamente ajustarlos al alza con el incremento del impuesto. Figuras como Íñigo Errejón y voces dentro de Podemos han alzado su voz contra lo que consideran una «connivencia» entre el gran capital y el Estado, perjudicando al pueblo.
En contraparte, un análisis realizado por el Centro de Política Económica de ESADE contradice estas críticas, mostrando como las grandes cadenas, incluida Mercadona, sí repercutieron en gran medida la bajada del IVA a los precios al consumidor. Este estudio aporta una perspectiva diferente, destacando la capacidad de estas cadenas de supermercados de ajustar sus precios en beneficio de los consumidores.
A pesar de la evidencia presentada por ESADE, el sentimiento de disgusto entre algunos sectores de la izquierda sigue vivo, interpretando la acción informativa de Mercadona como un ataque político al gobierno. No obstante, defensores de la cadena argumentan que la empresa está en su pleno derecho de comunicar cualquier cambio que afecte el bolsillo de sus clientes, negando cualquier acción de politización en sus comunicados.
Este debate refleja una compleja interacción entre las políticas gubernamentales, la reacción del sector privado y la percepción pública, evidenciando cómo las decisiones fiscales no solo tienen un impacto económico directo, sino que también pueden derivar en importantes controversias políticas y sociales.
