En una decisión sin precedentes que marcó un hito en la historia reciente de España, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una modificación legislativa que promete alterar el rumbo de numerosos miembros encarcelados de ETA, la organización terrorista vasca. La votación, realizada el 18 de septiembre, modificó la ley orgánica 7/2014 para facilitar el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en toda la Unión Europea. Esta medida legislativa abre la puerta a la reducción de condenas de aproximadamente treinta presos de ETA, tanto en España como en Francia, con impactos notables en su situación penitenciaria.

Según esta nueva normativa, cerca de diez individuos podrán ser liberados de manera inmediata, lo que revivió el intenso debate sobre las políticas de reinserción y cómo se honra la memoria de las víctimas del conflicto vasco. Entre los beneficiados por esta legislación se encuentran personajes de gran notoriedad de la banda, como Xabier García Gaztelu, conocido por su alias «Txapote», y su pareja Irantzu Gallastegi Sodupe, «Amaia». Txapote, quien fue condenado por delitos que incluyen los asesinatos de figuras como Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica, podrá ver recortada su condena de manera significativa, lo cual le permitirá salir de prisión en 2025 en lugar de 2031 como estaba previsto.

Más allá de la reducción de tiempo en prisión, la legislación revisada facilitará el acceso a beneficios penitenciarios, incluyendo el tercer grado y la libertad condicional. La recepción de esta medida ha sido mixta; algunos la celebran como un paso hacia la resolución de un capítulo doloroso de la historia española, mientras que otros la critican por considerarla un insulto al recuerdo y al legado de las víctimas de ETA.

El último paso que enfrenta esta reforma legislativa antes de convertirse en ley es la votación final en el Senado, programada para el día siguiente al de la aprobación del Congreso. De ser aprobada, esta medida no solamente cambiará la vida de los mencionados presos sino que también podría significar un giro en la política penitenciaria respecto a los delitos de terrorismo a nivel europeo.

La discusión sobre esta ley ha reavivado el debate sobre cómo manejar las secuelas de décadas de violencia terrorista, buscando un balance entre justicia, reinserción y el respeto por las víctimas de ETA. Este debate sugiere que la sombra de los actos terroristas continúa siendo un tema central en la política y sociedad españolas, en un momento donde los esfuerzos por la paz y la reconciliación son aún vistos con cautela y controversia.