La Justicia de Sevilla Investigará la Junta de Andalucía Por Posibles Irregularidades en Contratos de la Pandemia
El Juzgado de Instrucción n.° 13 de Sevilla ha iniciado una investigación sobre los contratos de emergencia firmados por la Junta de Andalucía durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Este proceso judicial surge tras la denuncia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Andalucía, que acusa al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, de malversación de fondos públicos y prevaricación. Según los denunciantes, estos contratos se caracterizaron por la falta de transparencia, supervisión y competencia en su adjudicación.
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, criticó duramente la gestión realizada, indicando que estos contratos beneficiaron principalmente a entidades de la sanidad privada en un momento crítico para la sanidad pública. Espadas señaló el deterioro en la calidad de atención y el aumento en las listas de espera como problemas agudizados por la presunta desviación de recursos hacia contrataciones sin el debido proceso de licitación.
Un informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reveló hace un año el uso excesivo de la contratación de emergencia durante 2021, con acuerdos que superaron los 300 millones de euros sin las justificaciones requeridas por ley. Este mecanismo, según se denuncia, se empleó de manera indebida, incumpliendo las normativas de publicidad y competencia establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Las advertencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública y la Consejería de Hacienda sobre la necesidad de restringir estos contratos a situaciones verdaderamente excepcionales fueron ignoradas, de acuerdo a la investigación. La insistencia en un procedimiento que, según los informes, no cumplió con los criterios legales necesarios, ha llevado a este asunto a los tribunales.
Este caso abre un nuevo capítulo en el escrutinio de las decisiones tomadas por las autoridades durante la pandemia, poniendo en relieve la importancia de la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en momentos de crisis. La sociedad andaluza espera que la investigación judicial arroje luz sobre estas acusaciones y establezca las responsabilidades correspondientes.
