En un contexto marcado por la emergencia sanitaria de 2020, la gestión y adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas ha sido motivo de escrutinio. De especial relevancia es el caso de la compra de mascarillas y otros insumos sanitarios por parte de la Xunta de Galicia, la cual ha arrojado luz sobre la compleja red de intermediaciones y comisiones que ha suscitado controversias.
La Xunta de Galicia, en su búsqueda por asegurar el suministro de material sanitario necesario para afrontar la pandemia, entabló un acuerdo con Mape. Esta empresa, a su vez, había adquirido los productos de FCS, una firma que guarda una conexión notable con Alberto González Amador, quien es pareja de Isabel Díaz Ayuso. La trama se complica al destaparse que González Amador, a través de su papel como intermediario, recibió significativas sumas por su participación en las operaciones de compra-venta, concretamente, dos millones de euros en comisiones, lo que representa un 4,5% del total de la transacción valorada en 42 millones de euros.
La operación ha impulsado un debate sobre la transparencia y la ética con la que se han manejado algunos contratos durante el período crítico de la pandemia. Pese a que el gobierno gallego ha enfatizado que su relación se limitaba exclusivamente con Mape y que los procedimientos seguidos se ajustaron a los marcos establecidos por el Gobierno central, persisten las dudas sobre por qué se generaron comisiones tan elevadas y el papel que juegan las conexiones personales en este tipo de negociaciones.
La implicación de González Amador se evidencia aún más a través de su empresa Maxwell Cremona, bajo la cual se realizaron las facturaciones por las operaciones con FCS. Estos movimientos financieros han sido confirmados mediante los registros presentados ante la Agencia Tributaria, revelando así el nivel de ganancias obtenidas durante uno de los momentos más críticos a nivel sanitario y social.
Este contexto ha alimentado las críticas y generado una conversación más amplia sobre cómo se deben gestionar los contratos sanitarios, especialmente en momentos de emergencia, para evitar conflictos de interés y asegurar que la administración de los recursos públicos se realice de la manera más transparente y equitativa posible. La situación pone en relieve la necesidad de revisar y, posiblemente, reformar los mecanismos de adquisición y gestión de contratos para garantizar que sirvan al mejor interés de la ciudadanía.
