El ambicioso plan de llevar la emoción de la Fórmula 1 a Madrid está lleno de controversia, con un creciente número de voces expresando su preocupación por las potenciales consecuencias medioambientales y legales de este proyecto. Liderado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el proyecto busca situar a la capital en el mapa de las grandes ciudades que acogen el prestigioso deporte motorizado. Sin embargo, la propuesta ha chocado con serios obstáculos en su fase de planificación.
Organizaciones medioambientales, encabezadas por Ecologistas en Acción, han sido particularmente críticas respecto a lo que perciben como graves irregularidades. Una de sus principales inquietudes gira en torno a los posibles efectos adversos sobre las áreas verdes y la flora local, destacando que el proyecto podría llevar a la tala de 286 árboles y al trasplante de otros 443, de los cuales sólo 32 tendrían una alta probabilidad de sobrevivencia. La efectividad de estos trasplantes ha sido cuestionada, con acusaciones de que se está intentando blanquear el impacto ambiental sin considerar el verdadero daño al entorno natural.
También se ha señalado la preocupación por la propuesta de transformar zonas ajardinadas en circuitos temporales para las carreras, afectando especialmente al espacio verde entre los pabellones de IFEMA y la autovía M-11. Este cambio representaría, según los críticos, una pérdida significativa de espacios verdes en una zona ya densamente urbanizada.
Las implicaciones de seguridad del plan también han sido objeto de escrutinio. Se ha criticado el diseño de almacenar combustible cerca de zonas residenciales, lo que plantea un riesgo para los habitantes cercanos. Esta preocupación se ve agravada por la falta de claridad sobre las medidas de seguridad que se implementarán para prevenir accidentes.
A esta lista de preocupaciones se suma la frustración por la ausencia de una comunicación efectiva por parte de las autoridades responsables. A pesar de las reiteradas demandas y solicitudes de revisión por parte de organizaciones ecologistas y otros grupos afectados, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han sido acusados de no proporcionar respuestas satisfactorias, lo que intensifica el malestar general.
Si no se atienden estos temas críticos, el proyecto podría enfrentarse no solo a desafíos medioambientales y sociales significativos, sino también a potenciales problemas legales, específicamente relacionados con la alteración de vías pecuarias y el impacto ambiental general. Esta situación pone de relieve la importancia de una planificación responsable que equilibre la ambición de albergar eventos globales con la necesidad de preservar el entorno y garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad local.
