El municipio de Rivas Vaciamadrid se encuentra en medio de una encendida controversia política. La decisión de la alcaldesa Aída Castillejo, representante de Izquierda Unida (IU) y líder de un gobierno de coalición con el PSOE, de otorgar a María de los Ángeles Guardiola, concejal no adscrita y exmiembro de Vox, la vicepresidencia de la comisión de Vigilancia de las Contrataciones, ha provocado un auténtico torbellino de reacciones. Esta medida, además, implica un incremento sustancial en el salario de Guardiola, situación que ha encendido aún más el debate, dado que el Pacto Antitransfuguismo y el propio reglamento municipal prohíben explícitamente este tipo de acciones.
María de los Ángeles Guardiola se distanció y fue posteriormente expulsada de Vox, tras divergencias con Eliana Palacios, actual portavoz de este partido. Desde su salida, adquirió la condición de concejal no adscrita. La reacción de Vox no se hizo esperar, describiendo esta maniobra como “un premio al transfuguismo” y criticando especialmente el aspecto remunerativo del cambio, puesto que Guardiola verá aumentado su ingreso anual a 30.000 euros por su nueva posición, en contraste con las remuneraciones por asistencia que percibía anteriormente.
La controversia surge en un contexto más amplio de lucha contra el transfuguismo, un fenómeno visto como una forma de traición política. La designación de Guardiola en un puesto de responsabilidad, especialmente con un beneficio económico asociado, es vista por muchos, incluido Vox, como problemática y contraria a los principios de la política local.
Por su parte, el gobierno de Castillejo defiende la legitimidad de su decisión, argumentando que las asignaciones se realizaron siguiendo procedimientos estándares ya establecidos y ratificados en legislaturas previas. Sostienen que la creación y composición de la comisión busca fortalecer la labor de supervisión y fiscalización, sin que represente ninguna irregularidad.
Este episodio se añade a otras polémicas que involucran al gobierno local de Rivas Vaciamadrid, como la controversia en torno a la convocatoria de una plaza de funcionario adaptada presumiblemente para el exalcalde Pedro del Cura. Todas estas situaciones alimentan un creciente debate sobre la transparencia y la ética en la administración pública, cuestionando la integridad de las decisiones políticas en el municipio y poniendo en relieve la necesidad de un escrutinio público más riguroso en las operaciones del ayuntamiento.
