En un caso que ha generado gran controversia en la sociedad española, siete empresarios de la Región de Murcia, incluyendo a una figura prominente, el exvicepresidente de la CROEM, Juan Castejón Ardid, apodado ‘El Petrolero’, han sido condenados por su participación en delitos relacionados con la prostitución de menores. Las menores, algunas de apenas 14 y 15 años, fueron reclutadas cerca de colegios y explotadas sexualmente por los acusados a cambio de dinero. A pesar de la gravedad de los delitos, los empresarios no enfrentarán tiempo en prisión, beneficiándose de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía que ha reducido sus penas tras admitir los hechos, apoyado adicionalmente en la aplicación del atenuante por dilaciones indebidas durante el proceso judicial.
Juan Castejón Ardid recibió una sentencia de cinco meses de prisión y una multa de 2,000 euros por víctima, una penalidad que, junto a las impuestas a los otros empresarios involucrados – José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás, y Juan Martínez Fernández – ha evitado que ninguno de ellos ingrese a prisión, suscitando una oleada de indignación entre la población.
La aplicación del atenuante de dilaciones indebidas ha sido criticada fuertemente. El abogado penalista Antonio Casado Mena censuró este recurso legal, apuntando al mal funcionamiento de la Administración de Justicia como una causa recurrente de estas reducciones penales que benefician a delincuentes por errores procesales. Esta situación ha reavivado el debate sobre la eficacia y justicia del sistema penal, con el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, evaluando la posibilidad de revertir la decisión y buscar el ingreso en prisión de algunos de los condenados.
Además de los empresarios, el caso involucra a seis individuos más, incluidas cuatro mujeres etiquetadas como ‘madames’, responsables de actuar como intermediarios en la explotación sexual de las menores. A pesar de que la Fiscalía había pedido inicialmente hasta 56 años de prisión para algunos de ellos, estas personas también han visto sus sentencias significativamente reducidas.
La sentencia ha provocado protestas públicas frente al Palacio de Justicia de Murcia, donde ciudadanos han expresado su rechazo a la percepción de indulgencia y lenidad del sistema judicial hacia conductas criminales de esta naturaleza, subrayando la urgencia de reformas que aseguren castigos apropiados para los delitos graves, especialmente aquellos cometidos contra menores. Esta situación ha puesto en relieve no solo la necesidad de agilizar los procesos judiciales, sino también de revisar criterios legales que permiten reducciones de pena que parecen desproporcionadas frente a la gravedad de los delitos cometidos.
