En un reciente acto público en Madrigueras, Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo un firme llamamiento al Partido Popular (PP) para que apoye la aprobación del techo de gasto previsto para 2025 en el Congreso de los Diputados. La solicitud del mandatario llega en un momento crítico, argumentando que la falta de apoyo a esta medida podría traducirse en severos recortes en áreas vitales para el bienestar social, como son la sanidad, educación y los servicios sociales, especialmente en aquellas comunidades donde gobierna el PP.
Durante la inauguración de una nueva escuela infantil, García-Page remarcó la relevancia que tiene para las administraciones locales y autonómicas contar con el respaldo necesario para no obstruir el desarrollo de políticas sociales. Insistió en que este tema trasciende las barreras políticas habituales, apelando a la responsabilidad de todos los partidos, en especial del PP, al señalar que el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos deben ser prioridad.
Pese al compromiso de García-Page de no aplicar recortes en sectores clave como la sanidad, educación o servicios sociales, dejó claro que mantener esta postura sería insostenible a largo plazo sin un marco presupuestario adecuado. Subrayó que la aprobación del techo de gasto no solo es crucial para el futuro inmediato, sino también para asegurar la viabilidad de políticas sociales en el largo plazo. La situación, dijo, es especialmente delicada para las autonomías, para las cuales el momento actual es crítico y requiere de acciones y decisiones responsables por parte de los gobernantes.
La apelación de García-Page hacia el PP no solo se centra en la aprobación del techo de gasto, sino que también incluye la demanda de una financiación autonómica justa. El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que defenderá con firmeza los derechos y el bienestar de los ciudadanos de su comunidad, en un esfuerzo por garantizar que las medidas adoptadas a nivel nacional no repercutan negativamente en su autonomía.
Este llamamiento a la responsabilidad y la cooperación entre partidos destaca la necesidad de priorizar el bienestar de los ciudadanos por encima de diferencias partidistas, especialmente en momentos de decisiones presupuestarias que tienen el potencial de afectar de manera significativa la calidad de vida de la población.
