El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se halla en el centro de una creciente controversia tras revelarse prácticas cuestionables en la contratación para la construcción de varios centros de Formación Profesional (FP). Estos centros, promovidos como avances en la educación durante el periodo complicado de la pandemia, están ahora en el punto de mira debido a supuestas infracciones de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Ignacio Ellacurría, en Alcorcón, emerge como el ejemplo más reciente de estas irregularidades. Inaugurado con el propósito de ser un pilar de la educación online, informes actuales sugieren que su construcción se llevó a cabo mediante prácticas poco transparentes.
Estas infracciones incluyen, de manera destacada, la adjudicación de obras sin el debido proceso de concurso y la división de contratos, dispuestas aparentemente para esquivar los requisitos de transparencia y control estipulados legalmente. Además, se ha identificado un esquema de transferencia irregular de fondos a otros municipios, táctica que persigue ocultar la amplitud real de las obras implicadas.
El caso toma una dimensión más complicada con el Instituto Luis Buñuel en Móstoles, donde presuntamente se desviaron fondos destinados a pagar a las empresas constructoras del proyecto en Alcorcón. Este procedimiento revela un preocupante nivel de manipulación financiera diseñada para mantener las operaciones al margen de la supervisión oficial.
Alfonso Mateos, quien fungía como subdirector de FP, ha sido implicado como una figura clave en estos eventos, llevando a su cese bajo las crecientes sospechas de su participación en el fraccionamiento de contratos y el manejo inadecuado de los fondos educativos.
No obstante, Mateos parece ser solo una pieza dentro de una red más amplia que podría involucrar a varios centros educativos y altos cargos de la administración madrileña. Dentro de este contexto, figuras como Enrique Ossorio, quien fue consejero de Educación, y Manuel Bautista, actual alcalde de Móstoles, han sido señalados por su posible participación en estas actividades.
Esta serie de descubrimientos ha intensificado la presión sobre el gobierno de Ayuso, evidenciando la necesidad de una profunda revisión y esclarecimiento en torno a la gestión y adjudicación de contratos para proyectos educativos. La participación de altos funcionarios y la extensión de las prácticas cuestionables a través de varios municipios ponen en interrogante la integridad de la política educativa en la región, precipitando un escándalo que requiere respuestas contundentes y transparentes por parte de las autoridades correspondientes.
