En una medida judicial sin precedentes en España, la Audiencia Nacional ha decidido pausar el caso contra doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), quienes enfrentan cargos por terrorismo. La pausa permanecerá mientras se espera una decisión crítica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si la aplicación de una ley de amnistía en estos casos se alinea con el Derecho de la Unión Europea, o si, por el contrario, podría sentar un precedente de impunidad frente a este tipo de crímenes.
El dilema surgió en julio, cuando los jueces expresaron dudas sobre si la ley de amnistía podría infringir los principios del derecho de la UE, por lo cual se pidió a las partes involucradas en el caso de los CDR su opinión sobre la conveniencia de consultar al TJUE. La preocupación radica en que la ley podría interpretarse como una señal de que delitos de terrorismo pueden ser perdonados bajo ciertas condiciones políticas, poniendo en entredicho la seguridad jurídica y el compromiso contra el terrorismo.
La legislación europea establece responsabilidades penales claras para quien participe en organizaciones terroristas, aun sin cometer actos de violencia adicionales. La controversia con la ley de amnistía española parece surgir de una posible exclusión de delitos de terrorismo de su aplicación, a menos que se hayan cometido «graves violaciones de derechos humanos» de modo intencional, una estipulación que no se encuentra en la directiva europea. Este aspecto sugiere que la ley española podría estar añadiendo condiciones que modifican la responsabilidad penal por terrorismo de una manera que podría violar el derecho de la UE.
Los jueces han mostrado su inquietud ante la posibilidad de que esta interpretación de la ley de amnistía pueda limitar indebidamente su exclusion solo a casos extremos de violaciones a los derechos humanos, lo cual podría afectar el principio de seguridad jurídica. Además, existe una preocupación de que, al evitar el enjuiciamiento de los acusados, la ley actúe en detrimento de los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros por luchar contra el terrorismo, posiblemente incentivando dichas conductas.
La decisión de buscar la orientación del TJUE refleja la complejidad de aplicar una ley de amnistía en situaciones implicadas por cargos de terrorismo con una fuerte carga política. Este caso resalta los desafíos legales y políticos que enfrenta España en relación con el debate sobre la independencia de Cataluña y muestra la delicada línea que debe navegarse entre la justicia y la política, tanto a nivel nacional como dentro del marco de la Unión Europea.
