En un notable cambio de dirección en el manejo de la crisis migratoria en las Islas Canarias, la administración regional ha anunciado una nueva política en relación con los menores inmigrantes que llegan a sus costas. Bajo la nueva disposición, los menores serán considerados bajo custodia policial, transfiriendo así la responsabilidad al Estado español. Este desarrollo, anunciado por Fernando Clavijo, presidente de Canarias y miembro de Coalición Canaria, representa un cambio sustancial en la interpretación de las responsabilidades relativas a este grupo vulnerable.
El presidente Clavijo aclaró que este cambio de política no significa un retroceso en el compromiso de Canarias con la crisis migratoria. Por el contrario, indicó que la región continuará colaborando en la acogida de menores inmigrantes, siempre que cuente con el apoyo y los recursos necesarios del Estado. Esta nueva medida emerge en respuesta a los desafíos enfrentados recientemente, especialmente tras incidentes en El Hierro, donde las tensiones entre las autoridades y las ONGs se agudizaron por la falta de espacios de acogida para los nuevos arrivantes.
Este giro en la gestión de la crisis migratoria se vio impulsado por el replanteamiento del Gobierno canario sobre el cumplimiento de los protocolos de acogida y el deseo de evitar implicaciones legales para las organizaciones colaboradoras y la región. Como consecuencia, se ha advertido oficialmente a las ONGs que eviten aceptar más menores migrantes sin el consentimiento previo del gobierno regional.
En un esfuerzo por consolidar esta nueva dirección, Clavijo convocó a una reunión con portavoces de todos los partidos políticos del archipiélago para discutir y acordar una renovada declaración de emergencia migratoria. El objetivo de este acuerdo es mejorar la respuesta a la situación migratoria y expandir las capacidades de acogida de Canarias, con un claro llamado al Estado para garantizar un adecuado cumplimiento de los protocolos relacionados con los menores.
La decisión ha sido respaldada unánimemente por las fuerzas políticas de la comunidad autónoma, aunque han surgido variadas preocupaciones que van desde la naturaleza de las relaciones jurídicas con el Estado hasta la urgencia de emprender reformas legislativas más amplias en materia de inmigración.
Este cambio de enfoque revela las crecientes tensiones y desafíos en la gestión de la crisis migratoria en Canarias, subrayando la importancia de una mayor coordinación y responsabilidad compartida entre el gobierno regional y el Estado español. En un contexto de debate nacional sobre la política migratoria, Canarias se esfuerza por recalibrar su rol, buscando garantizar una protección efectiva para los menores migrantes en cumplimiento de sus obligaciones legales y humanitarias.
