El escenario político español se ha visto sacudido por el regreso de Carles Puigdemont, siete años después de su partida a raíz del controvertido referendo del 1 de octubre. La vuelta del ‘expresident’ al país ha suscitado diversas opiniones, marcando de antemano una posible detención que podría poner en jaque la política del momento.
Desde el Partido Popular (PP), las críticas hacia Puigdemont no se han hecho esperar. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional y eurodiputado del partido, ha calificado este retorno como un «circo», «esperpento», y «ridículo político», afectando la imagen no solo nacional sino también internacional de España por la asistencia del político independentista.
Este jueves, con la programada investidura de Salvador Illa, se espera que la presencia de Puigdemont en Barcelona, donde ha citado a sus seguidores en el Passeig Lluís Companys, pueda incluso llevar a la suspensión del pleno de investidura, afectando directamente el desarrollo político en curso.
La tensión se agudiza aún más con el reciente acuerdo fiscal entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), promoviendo un régimen económico propio para Cataluña. El PP se ha pronunciado al respecto, señalando que tal medida podría comprometer la estabilidad económica del país y atentar contra el principio de igualdad entre todas las regiones españolas.
Ante este complejo escenario, el PP exige respuestas claras en el Congreso de los Diputados, queriendo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, expliquen los posibles impactos de estas dinámicas políticas en la unidad y la economía nacional.
Los recientes acontecimientos subrayan el delicado equilibrio político y económico que España debe manejar, enfatizando las profundas divisiones alrededor de la cuestión catalana, así como los retos que se anticipan tanto para el gobierno como para la oposición en el futuro inmediato.
