En una decisión sin precedentes, un tribunal del Reino Unido ha decretado el embargo de la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, ubicado en Londres, como respuesta a una serie de indemnizaciones pendientes causadas por los recortes en las primas de energía renovable previamente implementados por España. Aena, que posee el 26,01% del aeropuerto en cuestión, se encuentra ahora en una situación compleja, poniendo así de manifiesto las consecuencias a largo plazo de las políticas energéticas del Estado español.
El fondo de esta medida cautelar radica en una disputa mayor por las indemnizaciones adeudadas, que ascenden a más de 1.200 millones de euros en total, originadas por los recortes a las primas de energías renovables. Uno de los casos destacados involucra al gigante energético NextEra Energy, quien solicitó la ejecución de un laudo de 291 millones de euros como compensación por las pérdidas sufridas en dos plantas termosolares ubicadas en Extremadura, sentencia que fue dictaminada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), siendo este organismo parte del Banco Mundial.
Este nuevo reto legal contra el Estado español no solo afecta directamente a Aena (cuyo mayor accionista es la sociedad pública Enaire, con un 51% de las acciones), sino que también reitera la vulnerabilidad de los activos españoles en el extranjero frente a medidas judiciales internacionales. A lo largo de los años, el Estado español ha sido objeto de diversos embargos relacionados principalmente con decisiones de política energética pasadas, que ahora parecen tener repercusiones financieras y legales significativas fuera de sus fronteras.
Aena, por su parte, mediante declaración emitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Elena Roldán, secretaria del Consejo de Administración, ha afirmado no haber sido notificada oficialmente de la mencionada medida cautelar. Sin embargo, la entidad ha asegurado que se realizarán las comprobaciones necesarias y que se defenderán los intereses de la empresa, así como los de sus filiales y accionistas, por las vías legales pertinentes.
El embargo en el aeropuerto de Luton no solo representa una pérdida económica directa para Aena, cuyos ingresos y EBITDA durante el primer semestre del año fueron significativos, sino que también simboliza las complicadas dinámicas y consecuencias legales derivadas de decisiones políticas previas. Además, refleja la interconexión global y la vulnerabilidad de los activos frente a disputas internacionales, haciendo eco de la necesidad de una mayor previsión y cuidado en las políticas públicas y empresariales, especialmente en sectores tan críticos y sensibles como el de la energía renovable.
