En un suceso que ha capturado la atención pública y mediática, Daniel Guzmán, conocido por su papel de Roberto en «Aquí no hay quien viva», se encuentra actualmente en el centro de una controversia legal. La situación se desató después de un incidente con unos jóvenes que ocupaban ilegalmente una de sus propiedades en Madrid, por lo que fue sentenciado por un delito leve de lesiones.
El magacín matinal de Atresmedia, «Espejo Público», ha sido uno de los primeros en obtener declaraciones del actor luego de la sentencia. Guzmán expresó su frustración y descontento con el proceso judicial, calificándolo de «absolutamente nulo». Según él, no estaba presente en la propiedad en cuestión en el momento de los hechos y afirmó que nunca recibió notificación alguna de la denuncia, etiquetando al proceso de «absurdo». No obstante, Montse Suárez, abogada y colaboradora del programa, contradijo sus alegatos. Basada en datos procedentes del Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid, señaló que el actor fue adecuadamente citado.
Este caso ha resaltado aspectos de la legislación española que permiten a un acusado abstenerse de asistir al juicio por delitos considerados leves. Esto, según algunos, podría abrir una brecha que permitiría a los acusados evitar enfrentarse cara a cara con las acusaciones planteadas contra ellos. Suárez subrayó que, aunque ejercer el derecho a no presentarse es legal, podría percibirse como una estrategia para eludir las consecuencias de una exposición pública en los tribunales.
La discusión no se detuvo allí, ya que la colaboradora del programa también criticó la cuantía de la indemnización de 350 euros que Guzmán debe pagar como responsabilidad civil, argumentando que es insuficiente en relación con la naturaleza de las lesiones causadas.
Este incidente ha generado una intensa ola de opiniones divergentes en las redes sociales y otros medios. Algunos defienden el derecho a la protección de la propiedad privada, mientras que otros critican la respuesta de Guzmán como desmesurada, desatando un debate más amplio sobre los límites legales y éticos en situaciones de conflicto por la propiedad y la ocupación ilegal. Este caso refleja las complejidades y los desafíos que enfrenta la sociedad actual en relación con la justicia, el derecho a la propiedad y las medidas adecuadas para protegerla.
