El Congreso está a punto de vivir un momento clave en la regulación de los alquileres turísticos en España, gracias a una nueva enmienda propuesta por el grupo socialista a la Ley de Propiedad Horizontal. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es la voz detrás de esta iniciativa lanzada a principios de julio, que tiene como fin principal otorgar a las comunidades de propietarios la facultad de decidir sobre la aprobación de este tipo de alquileres dentro de sus inmuebles.
Según esta modificación, aquellos que deseen ofrecer su vivienda como alojamiento turístico deberán obtener un permiso explícito por parte de su comunidad de propietarios. Este precepto requiere que al menos tres quintas partes de los propietarios estén de acuerdo, los cuales deberán representar, asimismo, tres quintas partes de las cuotas de participación.
Otro punto a destacar es que esta enmienda propone que su aplicación sea exclusiva para nuevas viviendas destinadas a uso turístico o aquellas que aún no figuren en los registros autonómicos, evitando así efectos retroactivos que pudiesen perjudicar a quienes ya estén acogidos a la normativa sectorial turística. En cuanto a las consecuencias para quienes incumplan esta regulación, la comunidad de propietarios tendrá la potestad de demandar el cese inmediato de la actividad si esta no cuenta con la aprobación necesaria.
La enmienda también contempla la posibilidad de que, para cubrir los posibles incrementos en los gastos comunes derivados de la actividad turística, los propietarios de dichas viviendas aporten una cantidad extra. Este incremento, que no podrá superar el 20% del total, requerirá igualmente el acuerdo de las tres quintas partes de la comunidad.
La necesidad de una regulación de este calibre emerge de diversas problemáticas asociadas al auge del alquiler turístico, tales como disturbios en la convivencia de las comunidades, escasez de oferta para alquiler residencial, encarecimiento de los alquileres y procesos de gentrificación en ciertos barrios. Esta acción legislativa busca no solo aliviar dichas cuestiones, sino también empoderar a las comunidades de propietarios permitiéndoles tomar decisiones directas sobre la presencia de alquileres turísticos en sus edificios, alineándose con otras medidas ya aplicadas por diversas administraciones locales y autonómicas.
