En una jugada política sorpresiva, Emiliano García Page, al frente de Castilla-La Mancha, ha decidido alinear su posición sobre la financiación autonómica con la postura defendida por las comunidades autónomas gobernadas por el Partado Popular. Esta inesperada coalición llega en un momento especialmente delicado, cuando el debate acerca de la financiación autonómica se encuentra al rojo vivo, influenciando además las discusiones para una posible investidura de Salvador Illa en Cataluña, en la cual el PSC y ERC juegan roles clave.
La preocupación manifestada por García-Page sobre un posible cambio en el modelo de financiación que beneficiaría a Cataluña resonó con fuerza, pues planteó inquietudes acerca de la equidad en la distribución de recursos entre las comunidades autónomas. Esta postura ha encontrado un reflejo en las voces de los consejeros de Hacienda del PP, quienes se han mostrado particularmente críticos con cualquier medida que pudiera interpretarse como una concesión al independentismo catalán. Es más, la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, fue vehementemente crítica con las posibles concesiones, calificándolas de humillantes e inconstitucionales.
Mientras tanto, en el Gobierno, María Jesús Montero encara el reto de buscar acuerdos que involucren de alguna manera al PP, pese a las diferencias notables entre varias regiones, algunas de las cuales, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, se consideran infrafinanciadas. García-Page ha subrayado la idea de que aquellas regiones con mayor capacidad contributiva debieran soportar un esfuerzo fiscal más elevado, proyectándose como defensor de un socialismo que prioriza la justicia social y la equidad.
Este panorama establece el escenario para lo que se anticipa serán negociaciones tensas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se discutirá además la senda fiscal hasta 2025. La actitud de García-Page, alineándose con las comunidades gobernadas por el PP, anuncia un frente común en contra de cualquier tratamiento preferencial hacia Cataluña, marcando un capítulo más en el debate de la política fiscal y financiera de España. La complejidad de las negociaciones y la división en posiciones sobre la financiación autonómica prometen mantener este tema en el centro de la discusión política en el país.
