En un acontecimiento sin precedentes que remece el escenario político español, la formación política Vox ha rescindido de forma sorpresiva las alianzas mantenidas con el Partido Popular (PP) en al menos cinco comunidades autónomas, evidenciando un notable distanciamiento entre ambas agrupaciones de derecha. Este cambio de estrategia significa la disolución de gobiernos conjuntos en Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León, siendo esta última donde la cooperación alcanzaba ya dos años y medio de duración.
El conflicto ha surgido en medio de crecientes discrepancias sobre las políticas de recepción de menores extranjeros no acompañados, un tema especialmente sensible dado el aumento de estos menores en regiones como Canarias, donde su número supera los 5,500. La participación de los gobiernos del PP en la acogida de estos menores ha sido el detonante que ha motivado a Santiago Abascal, líder de Vox, a poner fin a los acuerdos de gobierno con el PP, afirmando que la decisión es definitiva y no hay posibilidad de retorno.
Esta fractura implica no solo una reconfiguración en la dinámica de gobierno de las comunidades afectadas sino también la salida forzada de aproximadamente un centenar de cargos de Vox de sus respectivas responsabilidades. Aunque la dirección de Vox espera que esta transición se lleve a cabo de manera ordenada, ya se perciben señales de descontento y dudas dentro del partido.
En contraposición, Vox ha optado por mantener sus acuerdos con el PP a nivel municipal, un movimiento estratégico que subraya la importancia de las competencias locales sobre las políticas de tutela y acogida de menores, las cuales no son responsabilidad directa de los ayuntamientos. Esto sugiere una agenda política calculada, manteniendo la colaboración en 114 municipios, incluidas importantes capitales de provincia.
Desde el PP, la respuesta a esta disolución ha sido de cautela, con los líderes de las comunidades autónomas implicadas mostrándose firmes en su determinación de seguir adelante con sus gestiones, incluso en minoría, fundamentando su estabilidad en la aprobación de los presupuestos de este año. Aunque hay llamados a la calma, la decisión tomada por la formación Vox amenaza con desencadenar un período de inestabilidad política, destacando las profundas fisuras en el espectro político de derechas en España.
Este inesperado giro de Vox reafirma su postura intransigente en el debate migratorio, colocando la cuestión de los menores no acompañados en el epicentro de su discurso y alineándose con otras corrientes políticas europeas de similares convicciones ideológicas. Frente a este escenario, las comunidades autónomas involucradas se enfrentan a un horizonte de incertidumbre, mientras que el Partido Popular debe afrontar el reto de reestructurar su base política tras la pérdida de estos aliados clave. La situación proyecta una imagen de la política española más fragmentada y volátil, con repercusiones que trascienden las fronteras de las comunidades afectadas y plantean dudas sobre la gobernabilidad futura del país.
