En un reciente movimiento dentro de las salas de la Audiencia Nacional, se ha generado un clima de tensión y expectativa en torno al caso Nummaria, en el que la actriz Ana Duato, entre otros, está actualmente siendo procesada por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado ha cuestionado explícitamente la validez de un informe emitido por la Agencia Tributaria, que anteriormente había exonerado a Duato de cualquier delito fiscal durante los periodos del 2014 al 2017.
Este rechazo por parte de la Abogacía del Estado hacia las conclusiones de la Agencia Tributaria suscita un debate no solo legal, sino también sobre la influencia que las interpretaciones administrativas pueden tener sobre las decisiones judiciales. Según fuentes cercanas al caso, el abogado del Estado ha enfatizado que la facultad de determinar la existencia de un delito recae únicamente en el poder judicial, desestimando así la autoridad jurisdiccional de las conclusiones alcanzadas por la Agencia Tributaria.
La situación toma un giro interesante con el anuncio de que los funcionarios responsables de elaborar el citado informe serán llamados a testificar. El objetivo es permitir que el tribunal ahonde en la metodología utilizada para evaluar las obligaciones fiscales de Duato, proporcionando un marco más claro sobre el cual fundamentar su decisión final.
Un aspecto notable de este enredo legal es la discusión sobre el principio de ‘non bis in idem’, a través del cual la defensa de Duato ha intentado excluir del juicio ciertos ejercicios fiscales de años anteriores, alegando que su cliente no debería ser juzgada más de una vez por los mismos hechos. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha contrarrestado este argumento, citando jurisprudencia que permitiría el enjuiciamiento penal después de un proceso administrativo, siempre y cuando se tenga en cuenta la proporcionalidad de las sanciones impuestas previamente.
Adicionalmente, se ha observado cierta disposición a negociar por parte de la Abogacía del Estado, quien ha decidido reajustar su petición de penas para algunos acusados y retirar cargos contra otros, lo que sugiere un intento por balancear las cargas derivadas de los procesos administrativo y penal.
La próxima comparecencia de Ana Duato, prevista para el 12 de junio, es muy esperada. Este juicio no solo decidirá el futuro de la actriz y otros implicados, sino que también servirá como un caso emblemático sobre la relación entre las determinaciones fiscales y el poder judicial. La evolución de este caso es seguida de cerca no solo por las partes involucradas sino también por la opinión pública, dadas las complejidades y las implicaciones de fondo que plantea.
