España se prepara para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio de 2024, iniciando el proceso de selección de ciudadanos para formar parte de las mesas electorales, un papel crucial para el correcto desarrollo de la jornada electoral. Este deber cívico, aunque obligatorio, contempla situaciones en las que los seleccionados pueden verse imposibilitados para cumplir, ofreciendo un margen para presentar alegaciones justificadas.
Los ayuntamientos llevarán a cabo el sorteo que designará a los miembros de mesa electoral entre el 11 y el 15 de mayo de 2024, notificando a los elegidos en la semana siguiente a la selección. Los seleccionados recibirán, además de la notificación, un manual con instrucciones detalladas para el desempeño de sus deberes el día de las elecciones. Aquellos que no puedan asumir el compromiso tendrán siete días desde la notificación para presentar sus excusas ante la Junta Electoral de Zona (JEZ), utilizando para ello distintos medios como el sistema cl@ve, certificado electrónico, fax o correo tradicional, entre el 12 y el 25 de mayo.
Ante situaciones imprevistas que surjan posterior al periodo de alegaciones, los reglamentos permiten notificar a la JEZ hasta 72 horas antes del evento electoral, o incluso en un marco de tiempo más inmediato si fuera necesario, para evitar penalizaciones. No cumplir con la obligación de servir como miembro de mesa electoral sin justificación puede llevar a sanciones que incluyen penas de prisión o multas, según la legislación española.
Existen, sin embargo, excepciones que liberan del servicio en mesa electoral, como tener más de 65 años, situaciones de incapacidad temporal o ser candidato en las elecciones, entre otras, respaldadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Para facilitar el acceso a información relevante sobre este proceso, el Ministerio del Interior dispone de recursos en línea y ofrece canales de contacto directo con la Junta Electoral de Zona, asegurando que el proceso electoral sea accesible e inclusivo para todos los ciudadanos. Este esfuerzo por parte de las autoridades busca garantizar la transparencia y eficacia del proceso democrático en España, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en la conformación del futuro político del país y de Europa.
