En una decisión anticipada por Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno planea una revolución en la gestión de los pisos turísticos en España. Se propone una modificación a la Ley de Propiedad Horizontal que recalificará el alquiler de viviendas turísticas como una actividad económica. Esta redefinición dará más poder a las comunidades de vecinos, otorgándoles la facultad de tomar decisiones significativas sobre la presencia y gestión de estos alquileres en sus edificios.
Esta medida se alinea con un creciente deseo por parte de las autoridades de atender las preocupaciones de los residentes, quienes ven el crecimiento de los alquileres turísticos como una amenaza para la armonía comunitaria y el derecho a una vivienda asequible. La ministra Rodríguez confirma que el objetivo de esta reforma es encontrar un equilibrio entre apoyar el turismo y salvaguardar los derechos de los residentes.
La legislación vigente en la Ley de Propiedad Horizontal exige el consentimiento de tres quintas partes de los propietarios para cualquier restricción de los alquileres turísticos, un proceso que el gobierno considera que necesita más agilidad para ser efectivo. Además, este anuncio va de la mano con decisiones municipales como la tomada por Barcelona, que está trabajando activamente para eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad para 2029. Este enfoque firme en el derecho a una vivienda y la gestión de los alquileres a nivel local refleja una iniciativa más amplia para proteger a los ciudadanos y preservar la calidad de vida urbana.
Rodríguez ha planeado consultas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para discutir esta nueva dirección en la política de vivienda y turismo. Estas reuniones contarán con la participación de representantes destacados del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como del Ministerio de Industria y Turismo, destacando la importancia de esta cuestión a varios niveles de gobierno.
Esta propuesta no solo representa un cambio en la forma en que España gestiona el turismo y la vivienda, sino que también coloca a las comunidades de vecinos en el centro de la toma de decisiones. Esta medida procura crear un entorno más inclusivo y equitativo para los residentes, equilibrando conscientemente el desarrollo económico y los derechos residenciales.
