La reciente reforma legal en España, que permite a los presos de la organización ETA contabilizar el tiempo servidor en instituciones penitenciarias francesas hacia su condena, ha marcado un punto de inflexión en la política penitenciaria del país. Hasta el momento, 52 individuos vinculados con ETA han aprovechado esta normativa, logrando así una vía para la libertad anticipada. Entre estos reclusos, siete se encuentran en la recta final para conseguir su liberación antes de que finalice el año, de acuerdo con las previsiones de Sare, un colectivo que aboga por los derechos de los prisioneros vascos.
Desde Vitoria, Joseba Azkarraga, vocero de Sare, ha destacado que actualmente hay un total de 140 presos de ETA distribuidos entre las cárceles del País Vasco, Navarra y Francia, de los cuales 48 están en el País Vasco y Navarra, mientras que otros cuatro permanecen en suelo francés. Esta reforma, además de simbolizar un cambio legislativo significativo, está impactando de manera directa en la vida de aquellos que buscan la readaptación y reintegración social.
La gestión para acogerse a estos beneficios se realiza ante la Audiencia Nacional, donde los abogados de los presos vascos presentan las solicitudes pertinentes. Azkarraga ha señalado la vital importancia de un proceso judicial ágil y libre de obstáculos que podría retrasar la liberación de los reclusos, resaltando el efecto positivo que la normativa tiene dentro del sistema penitenciario español.
Esta medida no solo revisa el cumplimiento de las penas de manera más justa bajo el nuevo marco legal sino también promueve el acercamiento de los presos a sus lugares de origen. Esta situación, que facilita el cumplimiento de las condenas cerca de sus familias, es una reivindicación largamente defendida por entidades como Sare. Por lo tanto, la aplicación de esta ley representa un avance crucial en la política penitenciaria, alineando las sentencias con las reformas legales recientes asociadas al conflicto vasco.
La cooperación judicial entre Francia y España ha jugado un rol clave para la implementación efectiva de esta reforma, la cual es fundamental para aquellos prisioneros que buscan un adelanto de su liberación conforme a las nuevas condiciones legales. Con el transcurso de los próximos meses, se espera que más reclusos puedan beneficiarse de esta legislación, siempre y cuando los procedimientos judiciales avancen sin mayores contratiempos.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los prisioneros mantienen la esperanza de que esta reforma continúe su desarrollo, permitiendo un progreso significativo hacia la reintegración social de aquellos que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este cambio legislativo no solo es un paso hacia la justicia y equidad en el trato de los reclusos sino también un elemento clave en el proceso de sanación y reconciliación para la sociedad.
