En el contexto actual de la política española, las negociaciones para que Salvador Illa asuma como presidente de la Generalitat están llevando el debate sobre la financiación autonómica a nuevos niveles de intensidad. Este nuevo capítulo político, marcado por el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pactar con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ofreciendo condiciones especiales a Cataluña, ha generado inquietud en diversas comunidades autónomas temerosas de un reparto de recursos no equitativo.
En un intento por garantizar el apoyo de ERC sin reformar el actual modelo de financiación y sin contar con el aval de las comunidades administradas por el Partido Popular (PP), el Gobierno se encuentra en la búsqueda de «fórmulas imaginativas». El desafío principal radica en contentar las exigencias de ERC de un sistema de financiación similar al concierto fiscal de País Vasco y Navarra, sin cruzar las líneas rojas establecidas por el PSOE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encuentra en la posición de equilibrar estas demandas antes del límite establecido para el 26 de agosto.
Una proposición significativa viene del PSC, sugiriendo la creación de un consorcio para una agencia tributaria compartida con la Generalitat, la cual se encargaría de los tributos generados en Cataluña. Este modelo se inspira en cómo Alemania maneja sus tributos, y ha sido señalado como una estrategia viable y respetuosa con el marco jurídico existente, evitando la necesidad de un concierto fiscal. Además, esta proposición abre la puerta a posibles transferencias de competencias y una reducción en la dependencia de Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aliviando así su carga financiera.
Por otro lado, este acuerdo tendría el potencial de establecer un precedente que otras comunidades podrían demandar, fomentando así un enfoque más equitativo y flexible en el reparto de recursos y competencias. Esto sugiere un equilibrio entre el bilateralismo deseado por Cataluña y un multilateralismo que podría beneficiar al resto de España, tal como indica Javier Loscos, de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, aún persiste resistencia, especialmente de las comunidades gobernadas por el PP, hacia una revisión del modelo de financiación, aunque la situación financiera de las comunidades ha visto mejoras en los últimos años.
La reforma del modelo de financiación se percibe como imprescindible para algunos expertos quien plantean la necesidad de introducir nuevas variables que reflejen los costos reales de los servicios en cada comunidad. Además, un ajuste respetando el principio de ordinalidad podría contribuir a una distribución de recursos más justa entre las comunidades autónomas.
La solicitud de un fondo transitorio por parte de comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, para corregir su infrafinanciación hasta la implementación de una reforma completa, refleja una estrategia potencial para presionar al Gobierno hacia una solución más equitativa.
Este complejo panorama, con Salvador Illa en el epicentro, destaca las intrincadas dinámicas de la política española, donde el debate sobre la financiación autonómica es crucial no solo para la investidura, sino para el futuro financiero y administrativo de todas las comunidades autónomas de España.
