En un reciente giro en los acontecimientos que rodean las adquisiciones patrimoniales de figuras públicas en España, se ha descubierto que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de una importante investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, utilizó dos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) diferentes para adquirir una variedad de propiedades. Este descubrimiento ha dado pie a una serie de cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de dichas acciones.
De acuerdo con fuentes del portal ElPlural.com, el juez Peinado habría empleado estos dos documentos, que contienen el mismo nombre pero diferentes números de identificación, de manera sistemática desde finales de los años 90 hasta el 2020. Esta estrategia le permitió adquirir propiedades que incluyen un prado y un olivar en Castilla y León, varios inmuebles en Madrid y un chalet también en Castilla-La Mancha, entre otros.
La confusión surge al detallar las adquisiciones realizadas con cada uno de los DNIs. Por un lado, con el primer documento, adquirió varios inmuebles y parcelas de tierra desde 1994 hasta 2007. En contraste, con el segundo DNI, realizó compras similares, pero en fechas que se extienden hasta el 2020, lo cual ha levantado preguntas sobre la transparencia de estos procedimientos.
Ante estas revelaciones, se solicitó una explicación al Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, se ha topado con un muro de silencio, amparándose en las leyes y reglamentos relacionados con la protección de datos y la confidencialidad que rigen la gestión del DNI por parte de la Policía Nacional. Estas normativas impiden divulgar información sobre el asunto, dejando en el aire las dudas sobre la posible existencia y uso de dos DNIs por parte del juez.
El caso ha suscitado una considerable controversia y ha generado un claro llamado a que se esclarezca la situación. Se ha intentado obtener comentarios directamente del juez Peinado, sin éxito hasta el momento. La falta de respuestas tanto por parte del juez involucrado como del Ministerio del Interior ha alimentado la polémica y exacerbado la demanda por mayor transparencia.
Este intrigante caso sigue en desarrollo, y queda por verse cómo se desentrañarán estos complejos entramados de adquisiciones de propiedades y los cuestionamientos legales y éticos que conllevan. La sociedad está a la espera de respuestas claras que despejen cualquier duda sobre la ética y la legalidad de las acciones del juez Peinado.
