Un hecho trágico ha sacudido a la localidad de Castro Urdiales y ha generado un amplio impacto en la sociedad española. Un menor de 15 años ha sido condenado a seis años de internamiento cerrado tras ser hallado responsable del asesinato de su madre, Silvia L.G., suceso que ocurrió en febrero de este año. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Menores de Santander, que además impuso la medida de libertad vigilada a su hermano de 13 años, quien también participó en el crimen «de común acuerdo».
El caso ha sido resuelto mediante un acuerdo entre las partes implicadas y ha revelado una crudeza indescriptible. El joven de 15 años recibió la máxima pena prevista por la Ley del Menor, la cual establece un límite de cinco años de internamiento en caso de delito grave, pudiendo extenderse hasta un año más en situaciones con un segundo delito grave. En este caso, los cargos incluyen asesinato y agresión sexual, con un agravante por parentesco.
Silvia L.G., de 48 años, era celadora en el Hospital de Cruces, en Bizkaia. Su cuerpo fue hallado en el maletero de su coche, en el garaje de su hogar familiar el 7 de febrero, presentando señales de haber sido maniatada y con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza. Los menores, quienes fueron adoptados en Rusia, perpetraron el ataque cuando su madre se encontraba sola en la cocina, siguiendo un plan premeditado que culminó con su muerte.
Después del crimen, los hermanos intentaron deshacerse del cuerpo, limpiar las pruebas y simular un secuestro, lo que complicó aún más el escenario. Apenas fueron capturados por la Guardia Civil, revelando la escalofriante realidad de sus acciones.
Este suceso ha dejado a la comunidad de Castro Urdiales en estado de shock, dado el contexto y la edad de los perpetradores. Ha suscitado un intenso debate sobre la violencia familiar y las preocupaciones sobre el comportamiento juvenil, interpelando a la sociedad sobre la necesidad de abordar las causas y establecer medidas preventivas para evitar que tales tragedias se repitan. La condena pretende no solo hacer justicia por este acto brutal, sino también sentar un precedente en la lucha contra la violencia doméstica en todas sus formas, resaltando la urgencia de adaptar nuestras respuestas ante esta alarmante problemática social.
