Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por la asociación de pescadores gallegos, PLADESEMAPESGA, de valerse de su cargo en la Xunta de Galicia para beneficiar indebidamente a su esposa, Eva Cárdenas. Estas acusaciones giran en torno a la autorización de construcciones presuntamente ilegales en un terreno adquirido por Cárdenas en Moaña, Pontevedra, el cual es parte del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, sujeto a estrictas regulaciones ambientales y urbanísticas.
El presidente de PLADESEMAPESGA, Miguel Delgado, ha expresado su preocupación por la manera en que Feijóo, presuntamente, hizo uso de su influencia para emitir una resolución que permitía la edificación de una piscina y otras infraestructuras en la propiedad de su esposa, lo cual consideran una clara violación de las leyes de protección del entorno.
Esta finca, que Eva Cárdenas compró en 2018, ha estado en el centro de la polémica desde entonces. Delgado sostiene que la actuación de Feijóo refleja un flagrante abuso de poder con fines personales, y pone en duda la legalidad de la construcción, argumentando que las afirmaciones sobre la antigüedad de la edificación son falsas y que todo apunta a una edificación mucho más reciente, datada aproximadamente en 1970.
Además, se critica el intento de restar importancia pública al asunto, y se señala la preocupación por cómo este caso puede afectar la percepción de la transparencia y legalidad en la gestión de bienes y espacios protegidos. Las implicaciones políticas de este caso también han sido objeto de análisis, pues la asociación ha revelado posibles conexiones y coincidencias temporales entre el mandato de Feijóo y la gestión anterior liderada por Mariano Rajoy, especulando acerca de la influencia política en la obtención de permisos.
Esta situación ha puesto a Feijóo bajo una intensa presión pública, generando un amplio debate en Galicia y más allá sobre las prácticas de gestión de los líderes políticos y el cumplimiento de las leyes de protección ambiental y urbanística. La controversia sigue abierta, dejando una estela de dudas sobre las acciones futuras y las posibles repercusiones para los implicados.
